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Los 8.590 documentos, buscables

Se barrió el texto entero del fondo —8.590 documentos, 123 millones de palabras— y se guardó la ventana en la que se valora la prueba: 6.832 pasajes de 4.498 documentos. Aquí se busca dentro de esos pasajes, con su documento, su página y su PDF delante.

Los 4.092 documentos restantes no dan un párrafo que valga por sí solo: o no tratan de la prueba —son de familia, urbanismo, extranjería— o la nombran de pasada sin discutirla. No se les inventa un pasaje: están en el catálogo de fichas, con su PDF, y abajo se puede ver cuántas veces nombran cada medio. Buscar aquí no es citar: para citar hay que abrir el PDF y leer el contexto.

3.524 pasajes en 177 páginas · mostrando del 1781 al 1800

Valoración de la prueba en general · pág. 74 · con fórmula de valoración
«Por lo tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada. Se garantizará un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno". Fernández García, Emilio Manuel Aspectos procesales singulares de la ...»
Aspectos procesales singulares de la instrucción de los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. Derechos fundamentales que pueden verse afectados. Las partes en el proceso. Medidas cautelares. Destrucción anticipada de los efectos incautados (I) · EMILIO MANUEL FERNANDEZ GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 8 · con fórmula de valoración
«Esta teoría exige al jurista un esfuerzo de motivación de la sentencia. Evita que por el mero hecho de que se produzca un daño haya alguien que tenga que responder. Frente al sistema tradicional culpabilístico del artículo 1902 del Código Civil se evolucionó hacia ideas objetivizadoras, donde la responsabilidad se funda en la mera producción de un resultado dañoso o en la creación de un riesgo, y también, a medio camino, hacia ideas de responsabilidad cuasiobjetiva, en donde, con la técnica de la inversión de la carga probatoria, se presume la culpa del agente mientras no demuestre su actuación diligente.»
Conclusiones del Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces de Civil: La Responsabilidad Civil. Madrid, del 18 al 20 de octubre de 2010 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 10 · con fórmula de valoración
«A juicio de MIR PUIG, la previsión legal introducida por la LO 15/2003 referente a la existencia de otros procedimientos penales como causa para denegar la suspensión puede tropezar con el principio de presunción de inocencia, señalándose, como primera crítica que estos podrían acabar en sentencia absolutoria o en sobreseimiento.»
Conclusiones del Seminario Ejecución de Penas Privativas de Libertad. Madrid, del 24 al 26 de febrero de 2010 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración
«Así lo entendió, por ejemplo, el Ministerio Público ante TC que no creyó necesario exigir de la demandante tal prueba y señaló que en este caso había habido una inversión de la carga de la prueba. Tomando en cuenta la intensidad de las molestias sonoras, más allá de los niveles autorizados y durante la noche, y el hecho de que estas molestias se repiten durante años, el TEDH concluye que ha habido un atentado a los derechos protegidos en el art. 8 CEDH. Es verdad que la Administración municipal ha adoptado medidas, en principio adecuadas, pero durante el período afectado, la administración a tolerado el incumplimiento reiterado de su reglamentación.»
Criterios del Tribunal Constitucional respecto a las inmisiones dañosas, que afectan al derecho fundamental de la intimidad · SANTIAGO RIPOL CARULLA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 4 · con fórmula de valoración
«El despido disciplinario improcedente que afecta a representantes de los trabajadores ya cesados y la titularidad de ejercicio del derecho de opción entre indemnización o readmisión; y H. Por ultimo, el despido disciplinario nulo en relación especial con el principio de igualdad y prohibición de discriminación (en los debatidos supuestos de la discriminación indirecta y la carga de la prueba con referencia a la jurisprudencia comunitaria; el despido de la mujer embarazada; y la problemática de la enfermedad como causa real del despido y su discutido encaje entre los supuestos de nulidad).»
Despido disciplinario: control judicial · FERNANDO SALINAS MOLINA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 15 · con fórmula de valoración
«Parece en principio difícil encontrar sentido a la valoración conjunta de las respuestas del grupo J. Puede que la facilidad de acceso y la inmediatez en la respuesta que los médicos forenses ofrecen a los jueces en aquellas cuestiones que puedan ser asimilables al ejercicio de las exploraciones psíquicas básicas sobre los detenidos, aunque ajenas a una valoración psicológica en sentido estricto, haya condicionado la oposición de forma grupal de un enunciado como el presentado.»
Documento de valoración y conclusiones del Encuentro de Jueces/zas y Forenses · MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO / CARLOS JAVIER TORTOSA LASO · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 27 · con fórmula de valoración
«a un menor de 9 años, edad que consideraba suficiente para que fuera tenida en cuenta su opinión" (Fundamento Jurídico n.o 1). La aceptación de estas causas depende en gran medida del éxito en la prueba de las mismas por parte del "secuestrador", que se opone al regreso del niño, y en quien recaerá normalmente la mayor carga de la prueba. 36. Por último, debe añadirse otra circunstancia que, aunque no se prevé específicamente en el Convenio de La Haya de 1980 como una excepción, puede motivar que el menor no regrese al país donde residía habitualmente con anterioridad a su retención.»
El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Bruselas II bis) · ROSARIO ESPINOSA CALABUIG · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración
«Pues bien (y dejando ahora al margen la posibilidad de que la recurrente estuviera incluida en la excepción contemplada en el apartado 2.1 del mismo art. 1 de la Convención) del examen del contenido de esta norma convencional debe igualmente deducirse que no existe mandato alguno que imponga la acreditación exigida por la Sala de instancia, cual carga probatoria determinante del reconocimiento de la condición de apátrida. Es más, si bien se observa, de la lectura del texto íntegro de la misma pudiera deducirse una interpretación favorable a su aplicación.»
La apatridia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo · RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 1 · con fórmula de valoración
«Adicional 10a, porque para la validez de la jubilación forzosa es preciso que: a) Se cumplan de modo efectivo los objetivos de política de empleo, sin que baste a tal efecto una mera remisión a esos objetivos, sin determinar las medidas concretas que los aplican e instrumentan. b) Las medidas han de adoptarse en el marco de la negociación colectiva e incorporarse al propio convenio colectivo que apruebe la jubilación forzosa, lo que supone un enlace directo entre ambas; enlace que no puede producirse en el ámbito de las Administraciones Publicas, por lo que al estar vinculadas por las normas presupuestarias y por la oferta pública de empleo, difícilmente pueden negociar en un convenio colectivo las medidas previstas en el apartado a de la DA 10a del ET. C) No basta para cumplir estos objetivos la previsión de proceder a la cobertura de la vacante producida por la jubilación, pues con ell»
La prestación de jubilación · RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 16 · con fórmula de valoración
«haberse podido averiguar la realidad de los hechos, en que, por aplicación del principio de presunción de inocencia previsto en el articulo 24.2 de la Constitución y dado que se trata de materia sancionadora, era procedente entender que no se había vulnerado la exigencia de información prevista en el artículo 5 de la LOPD confirmando la resolución de archivo dictada por la Agencia Española de Protección de Datos al considerar acreditado que la grabación se había realizado por empresa autorizada, con consentimiento de la Comunidad de Propietarios y sometida a la existencia de información.»
La protección de datos de los ciudadanos y nuevas tecnologías · JOSE GUERRERO ZAPLANA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 22 · con fórmula de valoración
«No obstante, este elemento deberá valorarse junto a conjunto de la prueba para poder acreditar en cada caso si se debe entender que el consentimiento ha sido suficiente como para justificar la remisión de las comunicaciones. Cuando se reciben comunicaciones no solicitadas y no consentidas, lo relevante a la hora de determinar si estamos ante una conducta calificable como infracción grave o como infracción leve es el carácter masivo de la comunicación o del envío emitido; a este respecto, son varias las sentencias que se han pronunciado sobre esta cuestión.»
La protección de datos de los ciudadanos y nuevas tecnologías · JOSE GUERRERO ZAPLANA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración
«Subrayo la necesidad de una alta calidad jurídica en las resoluciones judiciales en razón de que el derecho judicial medioambiental que los ciudadanos tienen derecho a recibir supera, con mucho, las exigencias técnicas dirigidas a hacer efectivas las garantías del derecho a la presunción de inocencia y del principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho sancionable y el alcance de la sanción de multa impuesta; técnicas que resultan reiteradamente practicadas en las sentencias consideradas.»
La responsabilidad por agresiones al medio ambiente · JUAN LUIS IBARRA ROBLES · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 12 · con fórmula de valoración
«Y, como límite máximo, es obvio que los letrados deben conocer en su integridad el expediente para las alegaciones. La LECrim fija en diez días antes de la conclusión del sumario, que podría extrapolarse a la legislación de menores y, en todo caso, alzarse con un plazo previo a dictarse el decreto del fiscal de conclusión de la instrucción (no del trámite de alegaciones en el juzgado), para no generar indefensión en la defensa y con el fin de que las partes puedan, a la vista de lo instruido durante el secreto, proponer prueba de descargo si lo estimasen conveniente.»
Las medidas cautelares del artículo 28 de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y la intervención del juez de menores en las diligencias de instrucción durante el desarrollo del procedimiento (artículos 23, 24 y 26) · MARIA DEL PILAR SERRANO CORDON · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 13 · con fórmula de valoración
«Y tampoco cabe invocar con éxito esa apariencia por la simple circunstancia de que se tache de nulidad radical al acto o disposición impugnada. La supuesta nulidad de éstos ha de ser patente y clara (Sentencia de 18 de febrero de 2003), de manera que pueda ser apreciada de forma inequívoca según las reglas de la sana crítica.»
Las medidas cautelares en materia de medio ambiente en la jurisdicción contencioso-administrativa · FRANCISCO PLEITE GUADAMILLAS · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración
«Se aplica además de la forma más congruente el principio de proximidad a la prueba que es consustancial a toda actividad probatoria no sancionadora, pues es el particular el que -precisamente actuando materialmente en la realidad extraprocesal para obtener la legalización- está en situación de aportar los datos precisos (especialmente en lo relativo a las modificaciones fácticas que él mismo puede haber llevado a cabo). Aquí se comprende el alcance de la jurisprudencia contencioso-administrativa, que descarta la aplicación de las garantías de los procedimientos sancionadores (singularmente de la presunción de inocencia) a los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.»
Las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística en el Derecho administrativo y penal: la demolición de construcciones ilegales · IGNACIO RODRIGUEZ FERNANDEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración
«No son, por tanto, de aplicación al expediente de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística las garantías especiales del procedimiento administrativo sancionador, ni, en particular, la presunción de inocencia (28). La traslación de esta perspectiva al orden penal puede tener interesantes consecuencias desde el punto de vista procesal. Por una parte, a mi juicio, aún tratándose de una medida de orden público no susceptible de transacción, la demolición debe ser expresamente solicitada por el fiscal u otra parte acusadora para que pueda ser acordada por el juez.»
Las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística en el Derecho administrativo y penal: la demolición de construcciones ilegales · IGNACIO RODRIGUEZ FERNANDEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración
«En la referida Sentencia Chacón Navas, el Tribunal de Justicia precisó que, "a la vista del tenor literal del artículo 13 CE, el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 no puede ampliarse a otros tipos de discriminación además de las basadas en los motivos enumerados con carácter exhaustivo en el artículo 1 de la propia Directiva (de manera que un trabajador que haya sido despedido por su empresario a causa exclusivamente de enfermedad no está comprendido en el marco general establecido por la Directiva 2000/78), este Tribunal, sin embargo, no declaró que el principio de igualdad de trato y el alcance ratione personae de dicha Directiva deban interpretarse de manera restrictiva en lo que atañe a los motivos de que se trata. (...) Por consiguiente, (...) a tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2000/78 y del considerando trigésimo primero de la misma, las normas relativas»
Novedades jurisprudenciales sobre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo · ROSA MARIA VIROLES PIÑOL · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 74 · con fórmula de valoración
«En el supuesto de que la Sra. Coleman acredite hechos que permitan presumir que existe acoso, la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato exigirá que la carga de la prueba recaiga en los demandados en el litigio principal, quienes habrán de demostrar que no hubo acoso en las circunstancias del caso concreto". La parte dispositiva de la sentencia es del siguiente tenor literal:»
Novedades jurisprudenciales sobre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo · ROSA MARIA VIROLES PIÑOL · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 10 · con fórmula de valoración
«Este régimen específico de responsabilidad se fundamenta en el principio de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba (27) y con el establecimiento de específicos limites indemnizatorios para la responsabilidad por pérdida, daño o retraso, en los artículos 320 y 321 PLGNM.»
Prescripción y caducidad en las reclamaciones por responsabilidad en transporte marítimo de mercancías · MARIA ELENA BOET SERRA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF
Valoración de la prueba en general · pág. 18 · con fórmula de valoración
«Como ya se expuso anteriormente, uno de los vicios del recurso de apelación, es encontrarnos en las salas con escritos de apelación que se limitan a reproducir tal cual la demanda inicial en la instancia. Este defecto debería evitarse y la forma es que la norma exija de forma expresa que el escrito no se trate de un mero escrito de interposición o anuncio, sino que debe fundamentar la apelación, deberá delimitar de manera definitiva la postura jurídica del apelante. Ha de exigirse que no sea una mera repetición de los argumentos de la instancia, es necesario destacar los eventuales errores de la sentencia, y someterlos a la sana crítica, o bien destacar defectos del procedimiento seguido en la instancia que pudieron tener relevancia para el fallo, la mera repetición no es suficiente.»
Propuestas de modificación en materia de recursos contra providencias, autos y sentencias · MARIA LUACES DIAZ DE NORIEGA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.

Medio	Pasajes	Documentos que lo nombran
Prueba pericial · por menciones	810	3.654
Prueba documental · por menciones	652	6.690
Prueba testifical · por menciones	439	2.410
Interrogatorio de las partes · por menciones	86	1.337
Prueba indiciaria y presunciones · por menciones	559	2.813
Prueba electrónica · por menciones	298	3.427
Prueba ilícita y prohibida · por menciones	464	5.493
Valoración de la prueba en general	3.524	3.163

De dónde sale y qué no es

Del fondo doctrinal del CGPJ descargado en la casa: Cuadernos de Derecho Judicial, Estudios, Manuales, Formación a Distancia, Conclusiones y Revista. El índice se genera con npm run formacion:pasajes y se comprueba con npm run formacion:pasajes:test: cada pasaje tiene que estar, palabra por palabra, en su documento. Si un pasaje no aparece, la puerta se pone roja y no se publica.

Un pasaje es una ventana de 900 caracteres, no una cita: el texto del CGPJ trae erratas de extracción y el sentido depende del contexto. Las citas que la aplicación sostiene —las reglas de valoración y los criterios de prueba— van aparte, con su literal comprobado. Licencia CC BY-NC-ND 4.0 (CGPJ).

Para medir un escrito contra las reglas: la auditoría de fondo →