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1. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «Reino Unido) en línea con lo que venimos exponiendo, proclamará abiertamente que la posibilidad de contradicción no es una regla de validez absoluta, sino un principio de elevado rango, susceptible de ser ponderado y modulado con otros intereses en virtud de las circunstancias de cada caso. Tal garantía es concebida no sólo como un requisito para la correcta valoración probatoria -como garantía epistemológica - sino asimismo como una garantía de defensa. Frente a precedentes como la sentencia Lucá c. Italia que dibujaba más una regla o presupuesto de valorabilidad, la citada sentencia Al-Khawaja y Tahery c. Reino Unido reconduce esa perspectiva.»

   La posición de las víctimas en el delito de trata de seres humanos en el proceso penal · MARIA DOLORES HERNANDEZ RUEDA · Cuadernos Digitales de Formación · 2017 · PDF

2. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia".»

   Protección y reforma. ¿Un mismo juez? Unas primeras reflexiones · BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO · Cuadernos Digitales de Formación · 2017 · PDF

3. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «Al mediador le son de aplicación las causas de abstención y recusación. Actúa en interés de ambas partes y debe ser neutral. La neutralidad consiste en no tomar parte, no ser ni de uno ni de otro. Es distinta a la imparcialidad, propia del juez. El mediador no debe estar con ninguna parte pero, a diferencia del juez, debe ser próximo a las dos. Debe reconocer la legitimación de ambas en el proceso y para ello es preciso: Saber escuchar, inspirar confianza, analizar la personalidad de las partes, estudiar el conflicto y buscar un nivel de comunicación viable y común. f. Confidencialidad y presunción de inocencia.»

   La experiencia de mediación en la Audiencia Provincial de Madrid · EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

4. Valoración de la prueba en general · pág. 39 · con fórmula de valoración

   «Por otra parte, la concurrencia de este requisito no puede presumirse. La presunción de inocencia garantizada en el artículo 24.2 de la Constitución también abarca el requisito de culpabilidad. La Administración debe desvirtuar esa presunción, acreditando mediante pruebas o hechos adecuados que concurre culpa o dolo en la conducta del infractor. Como señala la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2010, Rec. 42/2006 (ROJ: STS 7146/2010):»

   Competencia y derechos fundamentales: legitimidad y eficacia · RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO · Cuadernos Digitales de Formación · 2014 · PDF

5. Valoración de la prueba en general · pág. 7 · con fórmula de valoración

   «Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia" (13).»

   Cuestiones sobre violencia en los menores y problemas de competencia · MARIANO DAVID GARCIA ESTEBAN · Cuadernos Digitales de Formación · 2013 · PDF

6. Valoración de la prueba en general · pág. 57 · con fórmula de valoración

   «La norma va acompañada de una previsión específica sobre distribución de la carga de la prueba: es el administrador demandado el que debe de probar que la deuda nació antes, porque si no lo hace se presume que la obligación reclamada nación después. Lo que la ley no dice es quién ha de probar el otro hito para que surja la responsabilidad: el momento en que la causa de disolución se produjo, lo que en la práctica no es nada fácil. En principio, la regla general haría que tal carga la soportara el acreedor demandante (SSTS 3.4.1998, 22.12.99, 20.2.2007, 21.2.2007, entro otras).»

   Algunas cuestiones de interés sobre Derecho de sociedades a propósito de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital. Especial referencia a la Junta General y al régimen de la responsabilidad de los administradores sociales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo · JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

7. Valoración de la prueba en general · pág. 45 · con fórmula de valoración

   «La presunción de inocencia o de no culpabilidad tiene una vertiente como regla probatoria o de juicio -lo que FERRAJOLI ha denominado garantía de verdad, es decir cómo adquirir el convencimiento suficiente para afirmar la hipótesis acusatoria- y una vertiente de regla de tratamiento en el proceso del imputado, que se convierte en garantía de libertad (59). Desde esta dimensión se plantea el problema de las condiciones que debe reunir el imputado para ser invitado a intervenir en el proceso de mediación respetando la regla de tratamiento, algo que surge en el momento de seleccionar los casos que pueden derivarse hacia esa vía alternativa.»

   Documento ideológico sobre mediación penal · CRISTOBAL FRANCISCO FABREGA RUIZ / JULIAN CARLOS RIOS MARTIN / CONCEPCION SAEZ RODRIGUEZ / JUAN RAMON SAEZ VALCARCEL · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

8. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

   «Como señala la Sentencia de 11 de junio de 2008 (Rec. 458/01), se parte del principio de responsabilidad subjetiva, pero se admiten supuestos en los que debe acentuarse la imputabilidad objetiva del daño a su causante, cual ocurre en los supuestos en que concurren especiales deberes de diligencia impuestos por la creación de riesgos extraordinarios, o en que debe exigirse la prueba de haber actuado diligentemente al causante del evento dañoso, por razones, más que de una inversión de la carga de la prueba, del principio de facilidad o proximidad probatoria relacionado con la producción de daños desproporcionados o inexplicables o la producción de un siniestro o accidente en el ámbito propio de la actuación controlada de manera especial o excluyente por el agente causante del mismo.»

   El resarcimiento de los daños causados por incapacidad permanente en supuestos de responsabilidad civil laboral · JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

9. Valoración de la prueba en general · pág. 12 · con fórmula de valoración

   «Del mismo modo y por lo que se refiere a "los criterios que deben informar el procedimiento sancionador", procede resaltar los siguientes: • Principio de garantía del procedimiento , mediante la existencia de un procedimiento legal o reglamentariamente establecido a tales efectos. • Principio del reconocimiento de la existencia de determinados derechos del presunto responsable , tales como el de ser notificado de los hechos que se le imputen, formular alegaciones y utilizar medios de defensa procedentes, ser informado de las infracciones que pueden constituir tales hechos y de las sanciones que se puedan imponer, etc. • Principio de presunción de inocencia , de tal modo que exista un derecho a no recibir sanción que no venga fundamentada en un juicio razonable de culpabilidad con la previa actividad probatoria.»

   Aproximación al sistema financiero: intervención administrativa en el ámbito económico y conexión con el ámbito penal · JAIME HERRERO GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

10. Valoración de la prueba en general · pág. 14 · con fórmula de valoración

    «definitiva, habría que asegurar la vigencia de principios procesales como la presunción de inocencia o el principio acusatorio, así como de las garantías del derecho de defensa. Los jueces y tribunales " podrán " imponer consecuencias accesorias en los casos previstos por la ley, pero no están obligados a hacerlo. Debe hacerse aquí una ponderación entre los riesgos de futuro y los daños que se han de causar con la intervención penal a la empresa afectada. Por lo demás, la decisión de imponer las consecuencias accesorias ha de adoptarse "motivadamente". Esta motivación tiene, por su parte, una doble dimensión, fáctica y jurídica.»

    Empresario social como deudor en materia de seguridad. Persona jurídica y responsabilidad penal · JESUS MARIA SILVA SANCHEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

11. Valoración de la prueba en general · pág. 25 · con fórmula de valoración

    «La fiabilidad de los observadores o la credibilidad de sus observaciones constituyen un aspecto de crucial importancia tanto para la indagación científica como para la judicial. El juez debe abandonar concepciones iluministas de la valoración probatoria y debe admitir, con humildad intelectual, que la motivación de sus resoluciones exige la justificación interna y externa de sus conclusiones. En ese espacio de justificación interna ha de dar cuenta de los presupuestos cognitivos de los que parte renunciando Hernández García, Javier Exigencias éticas y motivación»

    Exigencias éticas y motivación · JAVIER HERNANDEZ GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

12. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «Un niño o niña, víctima de la violencia de género, después de la vivencia tan terrible que ha sufrido debe y puede elaborar sus sentimientos, angustias, percepciones. Puede expresar lo que siente y lo que ha vivido y en consecuencia debe de ser escuchado. No se debe de dudar de su testimonio por el hecho de tratarse de menores. Todo testimonio de menores sometido a unos estándares mínimos de credibilidad, deben de ser considerados del mismo modo que por presunción de inocencia se cree a un adulto.»

    Valoración y validación de las manifestaciones de menores víctimas de la violencia de género · ESTHER CERRO ALONSO · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

13. Valoración de la prueba en general · pág. 7 · con fórmula de valoración

    «Vale la pena reproducirla aquí: "Sin embargo, la acción combinada del principio de economía procedimental que rige en el ámbito del Registro Civil (cfr. art. 354-III R.R.C.) que obliga a evitar toda dilación o trámite superfluo o desproporcionado con la causa, y el criterio adoptado en sede de prueba del Derecho extranjero por el citado artículo 12 n.o 6 del Código Civil que, si bien no asume el principio de determinación "ex officio iuris" del mismo por el juez o autoridad del foro, sin embargo, aparte de imponer la carga de la prueba a quien lo alega, no impide que la autoridad que conoce dicho Derecho pueda, e incluso deba, aplicarlo, como se refleja en algunas decisiones de nuestra jurisprudencia menor (vid. v. gr.»

    El acceso y la aplicación del Derecho extranjero en el Registro Civil español · JULIO LOPEZ-BERMEJO MUÑOZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

14. Valoración de la prueba en general · pág. 7 · con fórmula de valoración

    «En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2006, concreta la determinación del interés del menor en valoraciones con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia, estableciendo la Sentencia del mismo Tribunal de 23 de febrero de 2006, que la búsqueda del interés del menor debe de hacerse por todos los medios pero sin infringir los derechos fundamentales u ordinarios de terceros.»

    El desamparo de los menores e incapaces: perspectivas · MAURICIO MANUEL MURILLO GARCIA-ATANCE · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

15. Valoración de la prueba en general · pág. 43 · con fórmula de valoración

    «Primera, que respecto del documento que, como elemento de contraste, ha de revelar el error en la valoración probatoria, la ley no exige, ni directa, ni indirectamente -éste era el sentido del requisito de la autenticidad- que tenga eficacia probatoria legal. Segunda, que no basta para la concurrencia del motivo, que el resultado probatorio deducible del documento sea contrario al fijado en la sentencia impugnada, sino que es necesario que otras pruebas no contradigan el resultado probatorio deducible del documento.»

    Los medios de impugnación y los recursos: Marco constitucional y criterios político y técnico-jurídicos para su configuración · MANUEL ORTELLS RAMOS · Cuadernos de Derecho Judicial · 2008 · PDF

16. Valoración de la prueba en general · pág. 78 · con fórmula de valoración

    «Efectivamente, como ha expuesto la jurisprudencia del TS en relación a diversos supuestos, la regla general del art. 1214 del Código Civil "puede intensificarse o alterarse, según los caso, aplicando el criterio de la facilidad, en virtud del principio de la buena fe en su vertiente procesal: hay datos de hechos fáciles de probar para una de las partes que sin embargo pueden resultar de difícil acreditamiento para la otra" (161). Lo que aplicado al ámbito que nos ocupa desplaza la carga de la prueba a la Administración que ejerce la potestad: es ella quien debe demostrar, mediante el expediente y la motivación, la buena administración.»

    Procedimiento administrativo europeo y buena administración. El papel del control judicial en la garantía de la calidad administrativa · JULIO PONCE SOLE · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

17. Valoración de la prueba en general · pág. 2 · con fórmula de valoración

    «Asimismo se menciona como principio de la ley, el reconocimiento expreso de las garantías que se derivan del respeto a los derechos constitucionales y al superior interés del menor, un interés que según la Exposición de Motivos de la referida Ley, ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio de la aplicación al proceso de menores de los principios garantistas, tales como el de presunción de inocencia, el principio de defensa o el principio acusatorio.»

    Mediación en la justicia penal de menores · MARIA BEGOÑA SAN MARTIN LARRINOA · Estudios de Derecho Judicial · 2007 · PDF

18. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «La búsqueda de ese resultado exige una tarea deductiva y un esfuerzo inductivo, sólo posibles decantando los hechos del litigio mediante una depurada y minuciosa valoración de la prueba (PECES MORATE, Jesús, "La sentencia. Técnica de redacción", en Revista del Poder Judicial, n.° 36, diciembre de 1994, pág. 153). En la fijación y el examen de la realidad el papel del juez se semeja al del historiador. El juez, como el historiador, reconstruye el pasado y, en esa labor, debe cribar pruebas y testimonios para reproducir los acontecimientos, tal y como acaecieron. El juez, como el historiador, no puede situarse en la posición de quienes son objeto de su indagación, debe trascenderla.»

    La Justicia y el juez · JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO · Cuadernos de Derecho Judicial · 2006 · PDF

19. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «El procedimiento de mediación ha de respetar el sistema de garantías establecido para proteger la libertad del imputado. Por ello ha de cuestionarse, en el momento de seleccionar los casos que pueden derivarse hacia esa vía alternativa, cómo respetar la presunción de inocencia, no sólo en su versión de regla de tratamiento del imputado sino también como regla de juicio, es decir sobre cómo adquirir el convencimiento suficiente para afirmar la hipótesis acusatoria.»

    La mediación reparadora en el proceso penal. Reflexión a partir de una experiencia · JUAN RAMON SAEZ VALCARCEL · Estudios de Derecho Judicial · 2006 · PDF

20. Valoración de la prueba en general · pág. 53 · con fórmula de valoración

    «Por lo que se refiere a la prueba, es interesante la SAN de 1 de febrero de 1999 (Ar. 3466): "... si no se desprende de los hechos probados con certidumbre la fecha de comisión del delito o infracción, y sí la posibilidad de que fuera cometido en tiempo hábil para que opere la prescripción, esta situación de duda ha de resolverse con sujeción al principio in dubio pro reo , dado que el encausado no asume nunca la carga de la prueba y que el aludido principio debe cubrir tanto los hechos constitutivos de delito (y de la infracción administrativa) y que forman parte del tipo, como las causas optativas excluyentes de la responsabilidad" incluida la prescripción.»

    Las infracciones administrativas en la Ley General de Subvenciones · MANUEL REBOLLO PUIG · Manuales de Formación Continuada · 2006 · PDF

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Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.