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1. Valoración de la prueba en general · pág. 27 · con fórmula de valoración

   «1. ALISTE SANTOS, T. J. La motivación de las resoluciones judiciales . Madrid: Marcial Pons, 2018. ISBN 978-84-9123-284-1. 2. ATIENZA RODRÍGUEZ, M. Curso de argumentación jurídica . Madrid: Ed. Trotta, 2013. ISBN 978-84-9879-446-5. 3. FERRAOJOLI, L. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal . Madrid: Ed. Trotta, 2011. ISBN 978-84-9879-046-7. 4. MICHELI, G. A. La carga de la prueba . Temis, 2004. ISBN 958-35-0459-9. 5. NIEVA FENOLL, J. La valoración de la prueba . Madrid: Marcial Pons, 2002. ISBN 978-84-9768-757-7. 6. Novísima Recopilación de las Leyes de España . Tomo V. Libros X, XI yXII. Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-LH-1993-63. Sancionada por Carlos IV en 1805. 7. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española . Disponible en: https:// dle.rae.es/. 8. TARUFFO, M. La prueba . Madrid: Marcial Pons, 2008. ISBN 978-84-9768-616-7»

   Necesidad de motivar las resoluciones judiciales. ¿Motivación o extensión? · PILAR ALHAMBRA PEREZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

2. Valoración de la prueba en general · pág. 41 · con fórmula de valoración

   «declaraciones de los "arrepentidos", la concurrencia de elementos objetivos de corroboración es imprescindible para que sus declaraciones puedan ser valoradas como prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia".»

   Investigación y enjuiciamiento en causas penales de trata de seres humanos. Especial referencia a las consecuencias de la covid-19: nuevos patrones · MARIA DOLORES HERNANDEZ RUEDA · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

3. Valoración de la prueba en general · pág. 29 · con fórmula de valoración

   «El derecho previsto en el art. 6 CEDH (13), pese a que podríamos considerarlo ajeno a los derechos que en términos de nuestro ordenamiento interno consideramos de naturaleza sustantiva, incluye, conforme a la doctrina del TEDH, la protección frente a la suspensión de empleo y despido. Así, el tribunal ha declarado que aquel precepto incluye el derecho de los trabajadores a la protección frente al despido contrario a la presunción de inocencia, así como a que el despido sea consecuencia de una decisión motivada por parte del empresario. Como ejemplo de protección frente al despido contrario a la presunción de inocencia es citado (Pinto, 2020) el pronunciamiento contenido en la STEDH de 4 de junio de 2013, caso Teodor contra Rumanía). Asimismo, dentro del artículo 6 se entiende comprendido el derecho a que el despido sea motivado por la empresa, entendiéndose que, en defecto de tal motivac»

   Nuevos avances sobre empresas y derechos humanos y manifestaciones jurisprudenciales · MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

4. Valoración de la prueba en general · pág. 5 · con fórmula de valoración

   «El principio informador de la LORPM es el del interés superior del menor. Este interés se presenta en la ley como un bien jurídico que precisa tutela y que debe inspirar la interpretación y aplicación de la norma. Además, este interés ha de ser valorado con criterios técnicos (no formalistas) por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio de que la aplicación de las medidas correspondientes se adecúe a una serie de principios garantistas generales como son: el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.»

   Tratamiento en el proceso penal de los menores especialmente vulnerables: el ser y el deber ser · YOLANDA RUEDA SORIANO · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

5. Valoración de la prueba en general · pág. 2 · con fórmula de valoración

   «1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos A) La discriminación directa en los casos de extranjería e inmigración B) El caso de los trabajos forzados C) Discriminación por razón de género en el ámbito de las pensiones D) Discriminación en el ámbito del estado civil E) La vestimenta en el trabajo F) La carga de la prueba a) Implicaciones para el panorama nacional G) La discriminación por razón de género como forma de violencia de género H) Las medidas de acción positiva I) El permiso parental. El caso Konstantin J) La discriminación múltiple 2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea A) Igualdad de retribución B) La carga de la prueba C) La igualdad en materia de contratación D) Los casos de maternidad y paternidad a) La sentencia del caso González Castro b) La sentencia del caso Porras Guisado E) Medidas de acción positiva en el marco de la igualdad de género F) Pr»

   Tema 6. La incidencia del principio de igualdad de género en la jurisdicción social. Perspectiva europea · RAQUEL VICENTE ANDRES · Formación a Distancia · 2020 · PDF

6. Valoración de la prueba en general · pág. 13 · con fórmula de valoración

   «El derecho a la protección de datos personales como garantía de la privacidad de los trabajadores, en el momento de la extinción del contrato de trabajo, juega un papel muy importante en el procedimiento laboral en relación con la licitud de la prueba presentada. De hecho, tras el control empresarial en los términos analizados, la consecuencia más habitual será que el empresario procederá a despedir al trabajador, con base en los datos obtenidos derivados de la videovigilancia, la geolocalización, el control biométrico o el uso particular llevado a cabo por el trabajador de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la empresa. El problema principal que se suscita se refiere a la prueba, pues, en la mayoría de las ocasiones, el trabajador impugnará judicialmente el despido y el empresario, para justificar su procedencia, aportará al procedimiento la prueba obtenida. Ante est»

   La protección de datos y el contrato de trabajo · ANA MARIA ORELLANA CANO · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

7. Valoración de la prueba en general · pág. 24 · con fórmula de valoración

   «cadena de custodia , en evitación de los problemas que puedan plantearse sobre este particular en el juicio oral. Asimismo, resulta conveniente que se solicite informe sobre las medidas de control, seguimiento y observación estricta de la cadena de custodia.»

   Capítulo III. Asistencia judicial mutua (II). Equipos conjuntos de investigación, agentes encubiertos y entregas controladas. Investigación patrimonial · MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ-MEDEL NIETO · Formación a Distancia · 2018 · PDF

8. Valoración de la prueba en general · pág. 21 · con fórmula de valoración

   «Ahora bien, sin querer negar su evidente utilidad práctica, creo que los problemas constitucionales que plantea son muy graves (42), en particular, en relación con la presunción de inocencia y la inversión de la carga de la prueba a que puede dar lugar esta nueva infracción penal. De hecho, así lo ha demostrado la declaración de inconstitucionalidad de la regulación portuguesa (43). Ya a un nivel más elevado, no tanto jurídico como político, habría que plantearse si algunos aspectos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada no han exacerbado precisamente el problema que se quería solucionar. Es importante destacar que las oportunidades que explotan las organizaciones criminales generalmente están creadas por la prohibición de determinados tráficos, muy en particular los de drogas y personas. Estos mercados no serían tan lucrativos si se despenalizara de forma controla»

   Sobre la implementación de los estándares internacionales en los sistemas nacionales de recuperación de activos · PATRICIA FARALDO CABANA · Cuadernos Digitales de Formación · 2018 · PDF

9. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

   «Y esta prueba preconstituida que muy a menudo va a ser la prueba de cargo fundamental, o la única, debe ser prestada ante un órgano judicial imparcial y no ante el Fiscal que sostiene la acusación y en un acto en que se trate de alcanzar en la medida de lo posible el principio de igualdad de las partes. b) Partiendo de que la prueba preconstituida ha de llevarse a cabo por el juez de menores, ¿quién determina las particularidades de la ejecución de la prueba?, ¿debe ser el Ministerio Fiscal el que solicite la preconstitución determinando claramente las condiciones en que ha de ser realizada?»

   La declaración del menor de edad en el procedimiento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor · MARIA JESUS MILLAN DE LAS HERAS · Cuadernos Digitales de Formación · 2017 · PDF

10. Valoración de la prueba en general · pág. 16 · con fórmula de valoración

    «swaps ). ii) Plasmación de los principios MiFID en la Ley del Mercado de Valores tras la reforma operada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, y en el RD 217/ 2008, de 15 de febrero. iii) Los aspectos que presenta la aplicación de estos principios se resumen en los siguientes puntos: incidencia de la obligación de informar que la norma impone al banco con el error vicio del consentimiento; la carga de la prueba de la información corresponde al banco; no suple la falta de información la cláusula predispuesta sobre conocimiento del riesgo y exclusión de la responsabilidad del banco; el déficit de información -incumplimiento de la norma protectora del cliente minorista- no tiene que traducirse necesariamente en la existencia de error, pero permite presumirlo, con lo que se vuelve a plantear un tema de carga de la prueba sobre el conocimiento del riesgo por el cliente; Encuentro de la Sala»

    Encuentro de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con miembros de la carrera judicial con destino en órganos de primera instancia: Conclusiones · Sin autor · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

11. Valoración de la prueba en general · pág. 5 · con fórmula de valoración

    «Esta traslación está condicionada a que se trate de garantías que resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador y de ella resultan, por ejemplo, el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a la asistencia letrada, trasladable con ciertas condiciones; el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; y, en fin, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, del que se deriva que vulnera el art. 24.2 CE la denegación inmotivada de medio»

    La intervención del Derecho penal ante la corrupción en la contratación pública · MYRIAM GLORIA SEGURA RODRIGO · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

12. Valoración de la prueba en general · pág. 24 · con fórmula de valoración

    «cadena de custodia , en evitación de los problemas que puedan plantearse sobre este particular en el juicio oral. Asimismo resulta conveniente que se solicite informe sobre las medidas de control, seguimiento y observación estricta de la cadena de custodia.»

    Capítulo III. Asistencia judicial mutua (II). Equipos conjuntos de investigación, agentes encubiertos y entregas controladas. Investigación patrimonial · MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ-MEDEL NIETO · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

13. Valoración de la prueba en general · pág. 3 · con fórmula de valoración

    «- Conveniencia de su tratamiento en norma con rango de ley orgánica conforme al art. 81 de la CE. - Art. 24 CE. Determinación en la ley procesal de los medios de prueba que no son suficientes por sí solos para enervar la presunción de inocencia. - Tratamiento como inocente de toda persona sujeta al procedimiento penal hasta que se haya establecido su culpabilidad, y que nadie podrá ser condenado si no es en virtud de pruebas de cargo válidas y suficientes mas allá de toda duda razonable. - Prohibición de pronunciamientos que menoscaben la presunción de inocencia del absuelto. - Propugnar un sistema de prueba no tasada. Peligrosidad de que un texto legal tase la prueba. Excesiva regulación de la prueba en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. - Conveniencia de que la primera vez que una persona acuda a prestar declaración se denomine investigado y no imputado.»

    Conclusiones del Seminario Ideas para un Futuro Proceso Penal. Madrid, del 15 al 17 de febrero de 2012 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2012 · PDF

14. Valoración de la prueba en general · pág. 20 · con fórmula de valoración

    «Pese al carácter procesal de las normas que la regulan (como las contenidas en el art. 217 LEC), el Reglamento indica en su art. 18 la necesidad de tener en cuenta las presunciones legales o normas de reparto de la carga de la prueba que fije la ley que rija la obligación contractual. Lo anterior comportará que será perfectamente posible que los tribunales deban aplicar normas de carga de prueba diferentes a las propias. Con ello se garantiza una aplicación plena de la norma que fija el Reglamento, pues en ocasiones existe un vínculo muy importante entre la norma reguladora del fondo de una materia y el régimen de carga de la prueba. Finalmente en cuanto a medios de prueba, dado su carácter claramente procesal, se está a lo que determine la ley del foro, si bien el Reglamento indica que los medios de prueba determinados por la ley reguladora de la forma de los contratos (art. 11) se pued»

    Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) · FRANCISCO DE PAULA PUIG BLANES · Cuadernos Digitales de Formación · 2012 · PDF

15. Valoración de la prueba en general · pág. 4 · con fórmula de valoración

    «optado por los cañonazos y no por las balas, y ahora ha de ser consecuente con tal opción: como es peligroso, disparar con cañón tiene sus reglas, sus estrictas garantías, sus principios. Y de ellos quería destacar tres: el principio de personalidad de las penas, derivado del principio de culpabilidad, que señala que sólo se puede penar a alguien por lo que él hace, por una conducta propia; el segundo principio es el de que no se puede penar dos veces ( bis ) por lo mismo ( ídem ); y el tercero es el principio de la presunción de inocencia: todos los hechos que fundamentan la antijuridicidad de un hecho han de ser probados por la acusación. A.»

    Los debidos y circunstanciados programas de cumplimiento · JUAN ANTONIO LASCURAIN SANCHEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

16. Valoración de la prueba en general · pág. 6 · con fórmula de valoración

    «La segunda cuestión que deseo tratar es la de la valoración probatoria de las infracciones formales, y muy específicamente de las contables. Los textos legales que regulan la valoración de la prueba son, de un lado, el artículo 31 del Código de Comercio y el 327 de la LEC, que recíprocamente establecen: Artículo 31 CCom: "El valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los tribunales conforme a las reglas generales del Derecho". El artículo 327 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero) incluye entre los medios de prueba los "Libros de los comerciantes", estableciendo que "cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de los comerciantes se estará a lo dispuesto en las leyes mercantiles". A estos preceptos interesa añadir lo establecido en el artículo 106 de la LGT cuando proclama:»

    La prueba en materia tributaria · MANUEL VICENTE GARZON HERRERO · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

17. Valoración de la prueba en general · pág. 41 · con fórmula de valoración

    «Respecto a esta cuestión nos centraremos en el caso Grayson y Barnham contra el Reino Unido, STEDH, de 23 de septiembre de 2008. Se trata de dos casos distintos, aunque la cuestión en ambos casos es idéntica: dos traficantes de drogas a los que, en razón a una presunción legal, se le confiscan unos bienes, pues se imputan al tráfico de drogas. En otras palabras, la presunción legal supone una inversión de la carga de la prueba, pues, dicho en términos generales, se va a presumir que toda propiedad procede del tráfico de drogas, y será al condenando (pues el procedimiento de confiscación de bienes es posterior al de la condena por el delito) al que le corresponde probar lo contrario, esto es, que tiene una procedencia legítima. Los demandantes se quejan de la aplicación de dicha presunción, pues consideran que afecta directamente al derecho a la presunción de inocencia.»

    Límites en la investigación de los delitos conforme a la doctrina del TEDH · JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ · Estudios de Derecho Judicial · 2009 · PDF

18. Valoración de la prueba en general · pág. 25 · con fórmula de valoración

    «Al contrario, aceptan la posibilidad de anular e incluso sustituir la apreciación realizada por los órganos administrativos mediante una valoración conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica de las pruebas aportadas al proceso.»

    Control de la motivación de los actos administrativos y tutela judicial · EVA DESDENTADO DAROCA · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

19. Valoración de la prueba en general · pág. 5 · con fórmula de valoración

    «Criterio que no aparece brusca e inopinadamente a partir de las famosas Sentencias del TS de 20 octubre 1963, 23 marzo 1968 y 11 marzo 1971 (13), sino que vino precedido por toda una corriente más modesta, que precisamente se basaba en el principio pro damnato , el cual, según la STS de 5 abril 1953, obligaba a incorporar el principio de favor probationem para aquellos casos de difícil prueba en beneficio del más débil. 2.° Expansión de la apreciación de la prueba, criterio que viene a conectar el principio de inversión que acabamos de mencionar con los problemas de causalidad.»

    Doctrina general de la llamada culpa médica · EUGENIO LLAMAS POMBO · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

20. Valoración de la prueba en general · pág. 45 · con fórmula de valoración

    «"La alegación relativa a que la inversión de la carga de la prueba -resulta mejor entender reglas sobre la carga de la prueba- en la materia de que se trata no es aplicable a las compañías de seguros que ejercitan la acción subrogatoria del art. 43 LCS carece de base alguna, pues dicho precepto claramente establece que "el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización", de lo que claramente se deduce (y además se ratifica en el párrafo segundo del propio art. 43 LCS) que la entidad aseguradora no ejercita otra acción que la que correspondía a su asegurado, y por lo tanto con la misma protección procesal que la de éste.»

    El aseguramiento de la vivienda · MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.