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1. Valoración de la prueba en general · pág. 14 · con fórmula de valoración

   «"La presunción de inocencia opera "como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable" [...]. Una vez constatada la existencia de pruebas a partir de las cuales los órganos judiciales consideran razonadamente acreditada la culpabilidad del acusado, ya no está en cuestión el derecho a la presunción de inocencia.»

   Conclusiones del Seminario La Nueva Regulación del Comiso. Madrid, del 1 al 3 de junio de 2016 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2016 · PDF

2. Valoración de la prueba en general · pág. 44 · con fórmula de valoración

   «Posibilidad esta admitida por el TEDH, sentencia 7.10.88 (caso Salabiakn) y 25.9.92 (caso Pham Hoang), y por la doctrina mayoritaria...". (5) El Tribunal Constitucional ha señalado que la imposición del comiso ampliado no afecta al derecho a la presunción de inocencia, ya que ésta no se cuestiona una vez que se ha quedado acreditado la culpabilidad del sujeto, sino que al imponer el comiso habrá que prestar especial atención al resto de las garantías del proceso y a las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva: "La presunción de inocencia opera "como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de Rafols Pérez, Ignacio Javier Consecuencias accesorias: la nueva ...»

   Consecuencias accesorias: la nueva regulación sustantiva y procesal del decomiso tras las reformas introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 y la Ley 41/2015 · IGNACIO JAVIER RAFOLS PEREZ · Formación a Distancia · 2016 · PDF

3. Valoración de la prueba en general · pág. 14 · con fórmula de valoración

   «En cualquier caso, no es ocioso recordar que, como tiene establecido la doctrina de esta Sala, "la valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado ó no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la `sana crítica ́ (arts. 316, 348, 376 y 382 de la LEC), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas ó absurdas" (STS de 12/5/2008, RCUD 81/2007)".»

   Criterios de la Sala IV del Tribunal Supremo con relación a problemáticas surgidas en los despidos colectivos (ERES), cuando han venido precedidos de suspensiones del contrato o reducciones de jornada (ERTES) · JORDI AGUSTI JULIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

4. Valoración de la prueba en general · pág. 7 · con fórmula de valoración

   «Resulta claro que lo determinante para resolver adecuadamente estos litigios es una cuestión fáctica -si se dan o no alguna de esas condiciones, o las dos- y de valoración de la prueba practicada sobre ese particular. Es claro que para que el recurso de casación presentado pudiera prosperar hubiera sido imprescindible intentar la revisión de los hechos que proporcionan la base a esas conclusiones de la sentencia recurrida, al amparo del artículo 207, d) de la LRJS que establece como motivo de casación el "error en la apreciación de la prueba basado Agustí Juliá, Jordi Criterios de la Sala IV del Tribunal ...»

   Criterios de la Sala IV del Tribunal Supremo con relación a problemáticas surgidas en los despidos colectivos (ERES), cuando han venido precedidos de suspensiones del contrato o reducciones de jornada (ERTES) · JORDI AGUSTI JULIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

5. Valoración de la prueba en general · pág. 6 · con fórmula de valoración

   «actividad comercial, empresarial, oficio o profesión". Sin embargo, no existe una regla general en el TR-LGDCU sobre a quién corresponde probar que el litigante es o no un consumidor, como en cambio sí existen reglas ad hoc sobre la carga probatoria en otros aspectos concretos (16); y ello sin olvidar que es abusiva la cláusula que imponga al consumidor indebidamente la carga de la prueba (arts. 82.4.d y 88.2 TR-LGDCU). Los principios procesales más elementales indican que quien alega algo debe probarlo, de manera que la posición del consumidor, como demandante o como demandado, en todo caso, modulará qué hechos (positivos) haya de probar para prosperar en su pretensión (arts. 217.2 y 217.3 LEC). Pero como punto de partida, cabe defender, aunque sea cuestión poco analizada por la doctrina, que es el empresario quien , para evitar la aplicación de la especial tutela que dispensa la TR-LGD»

   El control de incorporación y transparencia de las condiciones generales de la contratación: un necesario replanteamiento · SERGIO CAMARA LAPUENTE · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

6. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «Los tribunales también aplicaron un estándar de prueba muy elevado al requerir que el acto de violencia doméstica sea probado más allá de toda duda razonable, y asignando así por consiguiente la carga de la prueba enteramente a la autora, y llegaron a la conclusión que no había ocurrido ningún acto concreto de violencia doméstica, sobre la base de las pruebas recogidas. El Comité observa que tal estándar de prueba es excesivamente elevado y no se ajusta a la Convención ni a los estándares actuales de lucha contra la discriminación que alivian la carga de la prueba que recae sobre la víctima en los procedimientos civiles relativos a denuncias de violencia doméstica".»

   La declaración de la víctima de la violencia de género: apuntes para una valoración libre de estereotipos de género · MARIA PALOMA MARIN LOPEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

7. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «"La valoración de la prueba se efectúa con el razonamiento", recuerda la STS 547/2016, antes citada. Ello evidenciará si la decisión es compatible con los valores constitucionales o con la lógica constitucional, toda vez que reglas como las de la sana crítica, la lógica o la máxima de la experiencia pueden ser una mera invocación formal a estándares de referencia, vacíos de contenido, o estar dotadas de un contenido vinculado a desvalores, que pueden descansar en prejuicios y estereotipos generalizados en una determinada sociedad.»

   La declaración de la víctima de la violencia de género: apuntes para una valoración libre de estereotipos de género · MARIA PALOMA MARIN LOPEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

8. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «Este sector considera que ello no comporta ninguna afectación del derecho a la presunción de inocencia, por cuanto en nada afecta a un pronunciamiento absolutorio si no existe prueba de cargo suficiente de los hechos objeto de acusación, al igual que también se realiza en el plenario el debate acerca de las responsabilidades civiles, con independencia de que el fallo sea finalmente absolutorio o condenatorio. El debate contradictorio en el plenario de los importantes aspectos que requieren la aplicación del art. 80.1 CP es idóneo, ante las dificultades de hacer una posterior vista, teniendo en cuenta el número de asuntos existentes en la mayoría de Juzgados de lo Penal.»

   La suspensión de condena. Incidencia práctica de la reforma tras casi un año de vigencia · MONTSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA · Cuadernos Digitales de Formación · 2016 · PDF

9. Valoración de la prueba en general · pág. 16 · con fórmula de valoración

   «con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; o, en fin, el derecho a la utilización de los medios de prueba adecuados para la defensa, del que deriva la obligación de motivar la denegación de los medios de prueba propuestos (por todas, SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 6; 14/1999, de 22 de febrero, FJ 3.a)". (STC 81/2000, de 27 de marzo, FJ 2).»

   Módulo V. Potestad sancionadora de la Administración · RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO · Formación a Distancia · 2016 · PDF

10. Valoración de la prueba en general · pág. 35 · con fórmula de valoración

    «Al respecto, procede tomar en consideración que las garantías de inmediación y contradicción, como principios esenciales de una correcta valoración de la prueba (SSTC 141/2006, de 8 de mayo, FJ 3; y 48/2008, de 11 de marzo, FJ 4), así como la de audiencia personal, son garantías vinculadas al derecho de defensa y al derecho a la presunción de inocencia (ATC 467/2006, de 20 de diciembre, FJ 3), cuya exigencia también en la segunda instancia a través de la celebración de vista se fundamenta en la particular protección constitucional de quien, como acusado, es sometido al ius puniendi estatal.»

    Tema 3. La nueva regulación del art. 284 LECrim sobre el tratamiento procesal de los atestados por delitos con autor desconocido. Novedades en materia de personación. La mediación en el procedimiento penal y el principio de oportunidad reglado. El nuevo proceso de aceptación de decreto · SALVADOR CAMARENA GRAU · Formación a Distancia · 2016 · PDF

11. Valoración de la prueba en general · pág. 34 · con fórmula de valoración

    «Esta nueva reforma legal, quizás no sea acorde con los convenios internacionales que sobre derechos humanos ha asumido España, que permiten entender que no es necesario que exista realmente una equivocación para permitir una valoración probatoria distinta a la efectuada en primera instancia; y, en consecuencia, que cuando la ley habla de que es necesario expresar las alegaciones sobre ese error, lo que realmente debería exigirse es que se expresen las razones concretas por las que es más lógica una valoración probatoria distinta a la efectuada por el Juez de instancia.»

    Tema 9. El juicio por delitos leves. Novedades en materia de recursos · YOLANDA RUEDA SORIANO · Formación a Distancia · 2016 · PDF

12. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

    «Hubo unanimidad en considerar que al cliente corresponde probar la relación de causalidad y el daño. La opinión mayoritaria puso de manifiesto que tratándose de una responsabilidad contractual por culpa, la misma no difiere en lo que a la carga de la prueba en tal materia se refiere y, por tanto, también correspondería al cliente acreditar la conducta negligente del letrado. En este último punto hubo opiniones discrepantes de aquellos que consideraban que, en materia de acreditación de la culpa, se producía una inversión de la carga de la prueba, debiendo ser el letrado el que acreditara su diligencia en la actuación profesional, en razón a su profesionalidad y cualificación.»

    Conclusiones del X Encuentro de Jueces Canarios. Las Palmas de Gran Canaria, del 8 al 9 de octubre de 2015 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2015 · PDF

13. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «No obstante, se sigue sin establecer objetivamente la edad a partir de la cual o hasta la cual (según se mire) es bastante la exclusiva reproducción de la grabación en la vista oral como prueba válidamente practicada para constituir prueba de cargo a fin de desvirtuar la presunción de inocencia. A propósito de una cuestión relacionada con este tema, la Sentencia de la Sala 2.a del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 2014 (ROJ: STS 4870/2014), ponente Excmo. Sr. Del Moral García, plantea la problemática que se deriva sobre la información de la dispensa a no declarar del art. 416 LECrim contra su padre respecto de una menor agredida sexualmente por éste.»

    Cuestiones problemáticas en alguna tipología de delitos cometidos por menores (violencia de género, violencia doméstica, acoso escolar y delitos contra la libertad e indemnidad sexual) · MARIANO DAVID GARCIA ESTEBAN · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

14. Valoración de la prueba en general · pág. 54 · con fórmula de valoración

    «Ahora bien, la carga de la prueba de que no produjo dicho impedimento corresponderá a la empresa (SAN 28/03/2014, proced. 499/2013). • Del mismo modo, cuando se exija más documentación, que la obligada legalmente, corresponderá la carga de la prueba de su pertinencia a quien la solicite (SSAN 4/04 y 20/05/2013 y 28/03/2014). • Tampoco será exigible que la empresa aporte documentación de la que no dispone, al ser inadmisible que elabore documentos inexistentes (SAN Bodas Martín, Ricardo Derechos colectivos en los grupos de ...»

    Derechos colectivos en los grupos de empresa. Los grupos de empresa ante la crisis económica: especial tratamiento sobre el despido colectivo en los grupos de empresa · RICARDO BODAS MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

15. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «Posibilidad esta admitida por el TEDH, sentencia 7.10.88 (TEDH 1988, 20) (caso Salabiakn) y 25.9.92 (TEDH 1992, 60) (caso Pham Hoang), y por la doctrina mayoritaria...". (7) El Tribunal Constitucional ha señalado que la imposición del comiso ampliado no afecta al derecho a la presunción de inocencia, ya que ésta no se cuestiona una vez que se ha quedado acreditado la culpabilidad del sujeto, sino que al imponer el comiso habrá que prestar especial atención al resto de las garantías del proceso y a las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva: "La presunción de inocencia opera "como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable"...»

    El decomiso tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 · JOSE MANUEL SANCHEZ SISCART · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

16. Valoración de la prueba en general · pág. 39 · con fórmula de valoración

    «Ahora bien, la carga de la prueba de que no produjo dicho impedimento corresponderá a la empresa (SAN 28-03-2014, proced. 499/2013). • Del mismo modo, cuando se exija más documentación, que la obligada legalmente, corresponderá la carga de la prueba de su pertinencia a quien la solicite (SAN 4-04 y 20-05-2013 y 28-03-2014). • Tampoco será exigible que la empresa aporte documentación de la que no dispone, al ser inadmisible que elabore documentos inexistentes (SAN 11-11-2014, rec. 251/2014). Bodas Martín, Ricardo El despido colectivo en los grupos de empresa»

    El despido colectivo en los grupos de empresa · RICARDO BODAS MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

17. Valoración de la prueba en general · pág. 12 · con fórmula de valoración

    «y consensuado en la fase de elaboración y desarrollo del Modelo de Convenio. Y ello a pesar de que conforme a sus prácticas, usos y costumbres, o conforme a la ley interna que no encuentra acomodo convencional, pueda superar el alcance y sentido desarrollado en los Comentarios. La OCDE formula, además, y por ello mismo, la necesidad de encontrar consenso internacional para la interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición por parte de las Administraciones Tributarias de los respectivos Estados contratantes. La Recomendación del Consejo de la OCDE de 23 de octubre de 1997 se dirige a los Gobiernos de los Estados miembros (11). Las recomendaciones de la OCDE no vinculan, por tanto, al poder judicial de los Estados contratantes que, no obstante, en atención al principio de libre valoración de la prueba, pueden considerar su aplicabilidad al caso en atención a su fuerza per»

    El proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) · FRANCISCO ALFREDO GARCIA PRATS · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

18. Valoración de la prueba en general · pág. 5 · con fórmula de valoración

    «Se basa en la interacción de tres elementos, el derecho a la tutela judicial efectiva que constituye el estatus de los ciudadanos ante el Poder Judicial, en el que podríamos destacar como elemento sobresaliente, con un reconocimiento internacional muy amplio, la presunción de inocencia. Si el estatus del ciudadano no incluye la presunción de inocencia, la tutela que reciba no será efectiva y el propio Estado de Derecho estará en cuestión. El segundo elemento es el proceso, el algoritmo que constituye el conjunto ordenado y finito de operaciones creado al efecto para hallar la solución de un problema, en Esparza Leibar, Iñaki Independencia judicial y Estado de Derecho»

    Independencia judicial y Estado de Derecho · IÑAKI ESPARZA LEIBAR · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

19. Valoración de la prueba en general · pág. 9 · con fórmula de valoración

    «En fin, la cuestión del onus probandi adquiere una enorme relevancia, habiéndose llegado en casos a una inversión de la carga probatoria en base a las exigencias de la buena fe procesal, derivadas de la mayor facilidad de la Administración para acreditar la inconsistencia de las alegaciones de desviación de poder soportadas sobre hechos concretos aducidos por el recurrente. A este último respecto cabe recordar que en Francia se ha Garzón Herrero, Manuel Vicente La prueba en los procedimientos ...»

    La prueba en los procedimientos administrativos y judiciales de contenido tributario: la aportación de documentos probatorios en las distintas fases de los procedimientos y la carga probatoria en la deducibilidad de las facturas · MANUEL VICENTE GARZON HERRERO · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

20. Valoración de la prueba en general · pág. 1 · con fórmula de valoración

    «I. Prohibición de discriminación por razón de género y evolución del principio de igualdad 1. La prohibición de discriminación. Un concepto internacional 2. La prohibición de discriminación por razón de sexo en el Derecho de la UE A) El marco normativo B) La evolución de la prohibición de discriminación: los conceptos asociados C) La tutela frente a la discriminación y la carga de la prueba a) La tutela contra la discriminación: Punto de partida: libertad estatal condicionada b) Las reglas sobre la carga de la prueba c) La acción positiva d) Otras medidas II. Igualdad en el acceso al empleo, la formación, promoción y condiciones de trabajo 1. Discriminación y empleo 2. Igualdad y condiciones de trabajo. La igualdad retributiva 3. La igualdad en materia de Seguridad Social III. Igualdad y autónomos: la Directiva 2010/41, de 7 de julio Fernández López, María Fernanda et al. Tema 4. El prin»

    Tema 4. El principio de igualdad de trato (I) · MARIA FERNANDA FERNANDEZ LOPEZ / FRANCISCO JAVIER CALVO GALLEGO · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.