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1. Valoración de la prueba en general · pág. 12 · con fórmula de valoración

   «habérseles atribuido, a su vez, competencia en el orden social respecto a las sanciones que se producen en las relaciones de trabajo, siempre que las mismas sean de carácter leve o menos grave y que no supongan la sanción de despido, si no meras amonestaciones escritas o suspensión por un plazo de las correlativas prestaciones de empleo y sueldo, dado que dichas sanciones se rigen por los mismos principios que el proceso penal, atendiendo a su tipificación en el convenio colectivo o de empresa de aplicación, a la existencia de responsabilidad o culpabilidad del sancionado, ponderándose la graduación y proporcionalidad de la sanción impuesta y, en todo caso, con inversión de la carga de la prueba, dado que el trabajador interpone la demanda pero es el empresario que ha impuesto la sanción, quien ha de probar la efectiva comisión de los hechos y su gravedad.»

   El principio de unidad jurisdiccional. Las reformas en el recurso de casación, los consejos territoriales y la justicia de proximidad y su relación con la jurisdicción social · BEATRIZ GARCIA CELAA · Estudios de Derecho Judicial · 2006 · PDF

2. Valoración de la prueba en general · pág. 8 · con fórmula de valoración

   «"Esta Sala de casación civil ha declarado que, ante situaciones de riesgo acreditado, se impone a los empresarios extremar su actividad de adoptar todas las precauciones, agotar los medios y evitar todas aquellas circunstancias a su alcance que transformen el peligro potencial en daño efectivo (Sentencia de 10 de marzo de 1994), por lo que procede la atenuación de la carga probatoria que obligaba a las recurrentes a demostrar satisfactoriamente el haber obrado con la máxima diligencia debida, aportando las medidas técnicas de seguridad y control que la propia instalación exigía, diligencia que se exige como específica en cuanto supera la administrativamente reglada (Sentencias de 23 de septiembre de 1991, 24 de enero y 11 de febrero de 1992 y 25 de febrero de 1992 y 8 de octubre de 1996).»

   La responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo · CLEMENTE AUGER LIÑAN · Cuadernos de Derecho Judicial · 2006 · PDF

3. Valoración de la prueba en general · pág. 11 · con fórmula de valoración

   «En todo caso, se ha de tener presente que en el ámbito civil, la STS (Sala de lo Civil) de 26 de marzo de 1997 (RJ 1997\1864), que conoce de una reclamación de responsabilidad extracontractual derivada de un accidente de tráfico, expresa que "si bien es cierto que la función de valorar los daños y perjuicios es atribuida en exclusiva a los órganos jurisdiccionales de instancia, siendo necesaria la prueba de ellos de forma categórica, sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades, para lo que es imprescindible concretar su entidad real..., sin perjuicio de que pueda dejarse para ejecución de Sentencia la determinación del quantum, pero partiendo siempre de las bases sentadas a tal efecto en aquélla... también lo es que cuando la jurisprudencia se refiere a los órganos de instancia está aludiendo a la Sala de Apelación, quien conociendo en virtud de las facultades que le conced»

   Anotaciones críticas sobre la indemnización de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales · FERRAN CAMAS RODA · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

4. Valoración de la prueba en general · pág. 1 · con fórmula de valoración

   «I. Competencia y procedimiento en la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia 1. Competencias de los órganos jurisdiccionales comunitarios 2. Recurso de anulación. Legitimación de los particulares para la interposición de un recurso de anulación 3. Recurso de anulación. Solicitud de anulación parcial de una Directiva. Requisitos 4. Recurso de anulación. Actos susceptibles de recurso 5. Recurso por incumplimiento. Incumplimiento de Estado por vulneración del principio de cooperación leal (art. 10 TCE). Carga de la prueba. Incumplimiento por práctica administrativa contraria. Procedimiento administrativo previo y aportación de datos adicionales ante el TJ. Invocación de causas justificativas 6. Recurso de indemnización. Autonomía del recurso 7. Cuestión prejudicial. Concepto de órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 TCE Andrés Sáenz de Santa María, María Paz e»

   Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Segundo trimestre de 2005) · MARIA PAZ ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA / JAVIER ANDRES GONZALEZ VEGA / BERNARDO FERNANDEZ PEREZ · Revista del Poder Judicial · 2005 · PDF

5. Valoración de la prueba en general · pág. 1 · con fórmula de valoración

   «5. Recurso por incumplimiento. Incumplimiento de Estado por vulneración del principio de cooperación leal (art. 10 TCE). Carga de la prueba. Incumplimiento por práctica administrativa contraria. Procedimiento administrativo previo y aportación de datos adicionales ante el TJ. Invocación de causas justificativas»

   Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Segundo trimestre de 2005) · MARIA PAZ ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA / JAVIER ANDRES GONZALEZ VEGA / BERNARDO FERNANDEZ PEREZ · Revista del Poder Judicial · 2005 · PDF

6. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

   «La Sentencia de 8 de noviembre de 1996, después de citar las dos anteriores además de otras varias, concluye: "Quiere decirse con el resumen jurisprudencial que antecede que, bien por la vinculación a la oferta, ya por la Ley General de Protección de Consumidores y Usuarios, sea por los artículos generales sobre obligaciones y contratos que se han ido citando, la Audiencia no podía prescindir de los treinta y cinco folletos de propaganda aportados a los autos; y al tenerlos en cuenta, su valoración de la prueba se muestra, cuando menos, ilógica, ya que se trata de documentos que contienen actividad publicitaria, con intención de atraer a los clientes (art. 2 del Estatuto de la Publicidad, Ley 61/1964, de 11 de junio, constituyendo una clara oferta, de forma que al no entenderlo así se infringen los arts. 57 del Código de Comercio, el principio de la buena fe y el art. 1283, a que alude e»

   El derecho de los consumidores ante la adquisición e intermediación inmobiliaria. Especial consideración a las cláusulas abusivas en los contratos de compraventa · FRANCISCO JAVIER ANGELINA GONZALEZ · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

7. Valoración de la prueba en general · pág. 25 · con fórmula de valoración

   «(1) Reglamento (CE) n.° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, DOCE L11 de 14.1.94. (2) Asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, DAVIDOFF/LEVI STRAUSS/TESCO, de 20 de noviembre de 2001. (3) Véase en torno a este tema CASADO CERVIÑO, "Importaciones paralelas y agotamiento del Derecho de marcas", Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia, núm. 220, págs. 9 y ss. En punto al requisito subjetivo del consentimiento y en quien recae la carga de la prueba, véase la sentencia del TJCE as. C-244/00 de 8 de abril de 2003, VAN DOREN-Q GmbH c. LIFESTYLE SPORTS + SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT mbH. (4) Asuntos R. 880/1999-1; R. 883/1999-1; R. 16/2000-1; R. 19/2001-1 y R. 73/2001-1, todos ellos de 30 de septiembre 2002 (Sala Primera). Casado Cerviño, Alberto El uso relevante de la marca en los ...»

   El uso relevante de la marca en los sistemas español y comunitario · ALBERTO CASADO CERVIÑO · Estudios de Derecho Judicial · 2005 · PDF

8. Valoración de la prueba en general · pág. 17 · con fórmula de valoración

   «2. La posición procesal del deudor como demandante en el trámite de la oposición a la pretensión de pago basada en la letra de cambio tiene trascendencia. No será suficiente que, como cualquier deudor que sea demandado, se limite a negar pura y llanamente los hechos en que se sustenta la demanda que ha dado lugar al juicio cambiario, fundada en el título cambiario. En cuanto demandante que es, no puede limitarse a negar los hechos constitutivos alegados por el acreedor que ha promovido el proceso. Además, los hechos que afirme serán siempre constitutivos de su petición, como demandante, de que no se despache contra él la ejecución. Es cierto que en abstracto pueden distinguirse los hechos en impeditivos (falsedad de la firma), extintivos (pago) o excluyentes (prescripción), pero en el proceso en concreto y en la demanda de oposición todos estos hechos afirmados por el deudor son constitu»

   La oposición en el juicio cambiario · JOSE MANUEL MARCO COS · Estudios de Derecho Judicial · 2005 · PDF

9. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «En el segundo caso, no sólo estamos ante una Norma basada en el principio "pro actione", sino también ante un mecanismo de protección de la esfera competencial del Tribunal Supremo pues, como dice el propio Alto Tribunal, si el Tribunal de Cuentas abdica de su Jurisdicción, ello puede afectar a la competencia del Tribunal Supremo para conocer en Casación y Revisión (Sentencia de 16 de julio de 1988). - Legitimación para interponer el recurso (art. 81.3): Los legitimados activa o pasivamente en el procedimiento de reintegro por alcance de que se trate. - Motivos del recurso (art. 82.1): coinciden en lo esencial con los previstos en el art. 88.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero con una diferencia importante, que en el ámbito contable se recoge un motivo más para fundamentar el recurso de casación: el error en la valoración de la prueba.»

   Los recursos contra las resoluciones de los órganos de la jurisdicción contable · CARLOS CUBILLO RODRIGUEZ · Estudios de Derecho Judicial · 2005 · PDF

10. Valoración de la prueba en general · pág. 33 · con fórmula de valoración

    «El supuesto de autorización por "razones humanitarias", se configura como aquél que se concede a: a. A los extranjeros víctimas de delitos tipificados en los arts. 311 a 314 del Código Penal (delitos contra los derechos de los trabajadores), de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación del art. 22, n. 4 del Código Penal, o de delitos por conductas violentas ejercitadas en el entorno familiar en los términos de la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de protección de víctimas de violencia doméstica, siempre que haya recaído sentencia en tales delitos. No basta obviamente con denuncias de hechos supuestamente delictivos, pues las detenciones o las sospechas de haber cometido un hecho delictivo no son suficientes para destruir la presunción de inocencia, ni para fundamentar la imputación de es»

    Situación del extranjero en España: estancia, residencia, visados, extinción de autorizaciones. Modificación · CRISTINA CONCEPCION CADENAS CORTINA · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

11. Valoración de la prueba en general · pág. 8 · con fórmula de valoración

    «Tema recurrente ante los tribunales es el efecto de la sentencia penal firme en un proceso civil posterior. El interés de la Sentencia de 17 de mayo de 2004 (1972/98) radica en versar sobre uno de los casos dudosos, cual es el de la sentencia penal absolutoria no por inexistencia del hecho perseguido sino por falta de prueba de la participación en el mismo del acusado. Esta sentencia, citando la de 28 de noviembre de 1992, considera clara la vinculación cuando la sentencia penal declare expresamente que una persona determinada no ha sido autora del hecho; pero cuando la participación del acusado no se excluye categóricamente sino que se le absuelve por falta de pruebas suficientes en virtud del principio "in dubio por reo" o por aplicación de la presunción de inocencia, entonces queda abierta la posibilidad de ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción de tal orden, sin efecto vin»

    Crónica de jurisprudencia civil (segundo trimestre de 2004) · FRANCISCO MARIN CASTAN · Revista del Poder Judicial · 2004 · PDF

12. Valoración de la prueba en general · pág. 16 · con fórmula de valoración

    «Como resumen ha de recalcarse que todos los bienes patrimoniales no afectos a uso general o servicio público quedan fuera del privilegio de la inembargabilidad, pudiendo consiguientemente los jueces dictar providencias de embargo y despachar mandamientos de ejecución sobre ellos, siendo así, por otro lado, que según el art. 16 LPAP... salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación a uso general o al servicio público , lo que sitúa la carga de la prueba en el campo del ejecutado público, debiendo acreditar en todo caso que el bien o derecho no es embargable por su naturaleza demanial o patrimonial afecta. Es de suma importancia, por otro lado, comprobar que según el art. 3 LPAP... no están incluidos en el patrimo»

    Ejecución de sentencias de despido, frente a entes públicos y en materia de Seguridad Social · LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL · Manuales de Formación Continuada · 2004 · PDF

13. Valoración de la prueba en general · pág. 49 · con fórmula de valoración

    «E insistiendo el recurrente en casación en que la sentencia recurrida establecía un nuevo requisito, cual era el de la provisionalidad de las obras, y no solo el de la licencia, la Sala contesta que ese planteamiento no es propio para un recurso de casación para unificación, ya que nada sobre ese tema se trataba en las sentencias de contraste; y añade que menos era procedente el entrar en la valoración de la prueba practicada, de la que la sentencia recurrida deducía (para desestimar el recurso contra la denegación de la licencia) que el exceso en altura del muro de cierre y el cuerpo de oficinas y aseos propuestos por el solicitante de tal licencia, presentaban una envergadura que no posibilitaba el uso del terreno en tanto se ejecutaba el planeamiento.»

    El recurso de casación en el nivel autonómico. Especialmente en materia urbanística · JOSE GONZALO DE LA HUERGA FIDALGO · Manuales de Formación Continuada · 2004 · PDF

14. Valoración de la prueba en general · pág. 37 · con fórmula de valoración

    «atribuida una segunda función, la de servir para la operación de extraer dinero pulsando un número secreto asignado exclusivamente al titular de la tarjeta, porque la acción típica del número 4.° del art. 504 del código está cumplida con la simple apertura del espacio cerrado, y la obtención de dinero, si se conoce y se pulsa adecuadamente el código de identificación, consumará la acción de apoderamiento, que quedará en otro caso en grado imperfecto de ejecución, sin que dicha interpretación vulnere el principio de legalidad, por que no existe una extensión analógica del "llave" superadora del art. 25 de la Constitución, sino una simple aplicación analógica expresamente autorizada en el texto legal bajo la fórmula legal de enumerar o mencionar previamente algunos medios concretos, de suerte que el juicio de semejanza o analogía no queda enteramente a la libre valoración del tribunal".»

    El robo con fuerza en las cosas · EMILIO MANUEL FERNANDEZ GARCIA · Cuadernos de Derecho Judicial · 2004 · PDF

15. Valoración de la prueba en general · pág. 25 · con fórmula de valoración

    «De conformidad con la doctrina del TC, plasmada en la STC 71/1994, la naturaleza de esta medida no es asimilable a la de las penas. Por esta razón, no contraviene la presunción de inocencia del art. 24.2 CE, que exige una actividad probatoria previa de cargo, ni vulnera tampoco el derecho al acceso de cargos y funciones públicas del art. 23.2 CE, que la doctrina del TC ha extendido al derecho a su permanencia y en la que incidiría esta medida provisional, ya que dicho derecho fundamental lo es de configuración legal y el legislador puede restringir su ejercicio siempre que la medida sea proporcionada a fines legítimos y constitucionalmente protegidos, cual es, en nuestro caso, la prevención general de la comisión de nuevos delitos. Gimeno Sendra, José Vicente et al. La prisión provisional y sus medidas ...»

    La prisión provisional y sus medidas alternativas · JOSE VICENTE GIMENO SENDRA / MANUEL DIAZ MARTINEZ · Estudios de Derecho Judicial · 2004 · PDF

16. Valoración de la prueba en general · pág. 14 · con fórmula de valoración

    «un principio básico culpabilista, no es permitido desconocer que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todos los que la prudencia imponga para evitar el evento dañoso, con inversión de la carga de la prueba y presunción de conducta culposa en el agente, así como la aplicación, dentro de prudentes pautas, de la responsabilidad basada en el riesgo, aunque sin erigirla en fundamento único de la obligación a resarcir (entre otras, SSTS de 21 de junio y 1 de octubre de 1985, 24 y 31 de enero de 1982), no siendo suficiente para la inexistencia de culpa acreditar que se procedió con sujeción a las disposiciones legales que, al no haber ofrecido resultado positivo, revelan su insuficiencia y la falta de algo por prevenir, estando por tanto incompleta la diligencia (SSTS de 12 de febrero de 1981 y 3 de diciembre de 1983)".»

    La responsabilidad derivada de actos de contratistas de la Administración. De su compatibilidad con la del funcionamiento de los servicios públicos · EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ · Cuadernos de Derecho Judicial · 2004 · PDF

17. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

    «Por ello, aunque la inexistencia subjetiva se encuentra al margen de la literalidad del precepto, está comprendida en su espíritu de forma que los supuestos de probada inexistencia del hecho y de probada falta de participación del acusado, son equiparables y subsumibles en la regulación del art. 294, sin que sea extensiva su aplicación a los casos en que la absolución está motivada en una falta de prueba suficiente, que lleva al Juzgador a invocar el principio de "presunción de inocencia" o de "in dubio por reo". Esto implica que en la resolución de las reclamaciones indemnizatorias fundamentadas en el art. 294 sea necesario analizar la sentencia absolutoria, o auto de sobreseimiento libre, con el fin de constatar el motivo por el que se adopta tal pronunciamiento; requiriendo a veces el informe de la Fiscalía General del Estado relativo a las causas que hayan podido justificar la retira»

    La responsabilidad patrimonial por deficiente funcionamiento de la administración judicial y error judicial · FUENCISLA HIGUERA AGEJAS · Manuales de Formación Continuada · 2004 · PDF

18. Valoración de la prueba en general · pág. 24 · con fórmula de valoración

    «doctrina propuesta con la norma citada en el cuerpo del escrito (que no en el suplico) -es decir con el art. 262.2 "in fine" del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo, en relación a la Ley 1/1997 de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la que se adoptan medidas urgentes en materia del suelo y ordenación urbana- la doctrina legal propuesta no puede ser declarada porque, y esto es lo trascendente, no se propone una doctrina legal en términos precisos y concretos como resulta obligado a la finalidad del recurso de fijar doctrina legal sino que la propuesta de que "no es admisible una inversión de la carga de la prueba de los hechos objeto del expediente en contra de la Administración..." se vincula con una conjunción condicional o causal que es "cuando"...»

    Recurso de casación autonómico en interés de la ley · RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO · Manuales de Formación Continuada · 2004 · PDF

19. Valoración de la prueba en general · pág. 24 · con fórmula de valoración

    «Lo que, en rigor, se traduce en una ficción: dice el art. 2.1 LC que causa del concurso es la insolvencia; pero lo que en realidad debe analizar el Juez de lo Mercantil para abrir o denegar la apertura del concurso es la realidad o ausencia de alguno de los hechos tipificados en el art. n.° 4 del art. 1 que, aunque la evoquen, no son ellos mismos insolvencia (53). Cierto es que el deudor puede oponerse al concurso -además de negando los hechos que el actor alega- alegando que sí es solvente pero: a) al deudor corresponde la carga de la prueba de su solvencia, no al acreedor la de su insolvencia; b) si el deudor está obligado a llevar contabilidad (y así sucede Fernández-Ballesteros López, Miguel Ángel Algunas cuestiones sobre la apertura del ...»

    Algunas cuestiones sobre la apertura del concurso · MIGUEL ANGEL FERNANDEZ-BALLESTEROS LOPEZ · Cuadernos de Derecho Judicial · 2003 · PDF

20. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «[73] Añade, además, que los testimonios de referencia han sido considerados medios de prueba poco fiables "negándose en consecuencia que por sí sólo este testimonio pueda erigirse en prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia". Por tanto, lo que se hizo fue sustituir la prueba directa que representaba el vídeo por el testimonio del policía que la visionó y que se limita a ver la cinta y relatar sus impresiones, sustituyendo la apreciación personal del Juez por la suya propia, suplantando una prueba directa por un testimonio de referencia, testimonio que no puede ser admitido al no haberse incorporado la cinta de vídeo cuando esto era posible. Como consecuencia, procede absolver, dado que descartada la validez del testimonio del agente, no queda otra declaración que la del imputado, que negó siempre haber sido el autor de los hechos [SAP Alicante núm. 165/2003 (Sección 3»

    Delito de hurto · JUAN JOSE GONZALEZ RUS · Revista del Poder Judicial · 2003 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.