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1. Valoración de la prueba en general · pág. 4 · con fórmula de valoración

   «La Sala Tercera del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de aplicar esta inversión de la carga de la prueba, en concreto en la STS de 29 de julio de 2014, rec. 314/2013, respecto de una compañera magistrada y analista del Cendoj relacionada con una situación de baja por maternidad. Esta sentencia resulta relevante no solo en lo que se refiere al ámbito procesal por la aplicación de esta inversión en materia probatoria que facilita el nuevo precepto, sino también porque nos confronta con situaciones que a menudo nos pasan inadvertidas y que en el fondo encierran una discriminación de trato y que nos deben llevar a preguntarnos qué otras situaciones de invisibilidad, de ausencia de atención, qué vulnerabilidades nos pasan desapercibidas ahora, para adoptar las medidas necesarias para hacernos conscientes de ellas y corregirlas en el futuro.»

   Las reformas recientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa · CARLOS ROMERO REY · Cuadernos Digitales de Formación · 2024 · PDF

2. Valoración de la prueba en general · pág. 11 · con fórmula de valoración

   «(19) Principio de ne bis in idem , carga de la prueba, responsabilidad subjetiva por concurrir el elemento intencional (conducta maliciosa y conocedora del propósito de distraer los bienes), entre otras. En definitiva, dotar del ámbito protector del ius puniendi .Información sobre el artículo»

   Responsabilidad tributaria: una figura todavía por perfilar. Problemática de algunos supuestos concretos · MARIA ABELLEIRA RODRIGUEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2024 · PDF

3. Valoración de la prueba en general · pág. 8 · con fórmula de valoración

   «En la regulación de las parejas estables no casadas, el art. 305.2 CDFA establece una regla especial sobre la valoración de la prueba de la existencia de la relación estable, aunque realmente se limita a sugerir formas de acreditación, pero sin introducir normas que impongan una prueba tasada. En materia de régimen económico matrimonial y de la viudedad se hacen referencias a las medidas provisionales y a las consecuencias del proceso en los arts. 246 y 276.2 CDFA, pero no se establece cual sea este ni se fijan especialidades procesales. La materia de derecho de la persona establece múltiples referencias a las competencias del juez. Dada la materia regulada, y la afección de derechos e intereses de menores e incapacitados, se acude reiteradamente a la decisión judicial, y en muchos casos Zubiri de Salinas, Fernando Tema 24. Cuestiones procesales. La casación ...»

   Tema 24. Cuestiones procesales. La casación foral aragonesa · FERNANDO ZUBIRI DE SALINAS · Formación a Distancia · 2024 · PDF

4. Valoración de la prueba en general · pág. 40 · con fórmula de valoración

   «Las víctimas de violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían poder percibir una indemnización en caso de daños o enfermedades de naturaleza psicosocial, física, o de cualquier otro tipo, que resulten en una incapacidad para trabajar". (23) La Recomendación 206 OIT habla de "tribunales con personal especializado en asuntos de violencia y acoso por razón de género" [artículo 16 a)]. (24) La Recomendación 206 OIT hace referencia a: "la inversión de la carga de la prueba, si procede, en procedimientos distintos de los penales" [16 e)]. (25) Como ha destacado la doctrina (Molina 2021: 91-116), el elenco de garantías que se reflejan claramente en el artículo 10 del Convenio 190 OIT han de reforzarse desde la perspectiva comunitaria de protección de las personas empleadas denunciantes [Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la »

   Acoso y discriminación: Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo) y Ley 15/2022 (para la igualdad de trato y la no discriminación) · FERNANDO SALINAS MOLINA · Cuadernos Digitales de Formación · 2023 · PDF

5. Valoración de la prueba en general · pág. 18 · con fórmula de valoración

   «artículo 183.1.2.3. Código Penal al haberse producido con intimidación dada la situación creada por la presencia de al menos cinco varones en el lugar de los hechos impidiéndola salir y anulando su capacidad de defensa. Debe recordarse que lo relevante para apreciar la existencia de intimidación es la relevancia objetiva de la acción o actuación intimidatoria más que la reacción de la víctima frente a aquella, exigiendo que sea suficiente para doblegar a la víctima. ...la presencia de al menos cinco varones en el lugar de los hechos, impidiendo salir del inmueble a María Dolores, es susceptible de calificarse como situación intimidatoria en grado suficiente para paralizar o anular la voluntad de la víctima, además de por la imposibilidad material de vencimiento, por el convencimiento para María Dolores -así lo declara- de la inutilidad de prolongar una oposición, adoptando una actitud de»

   Tipificación y penalidad en los delitos sexuales múltiples con sujeto activo plural · JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR · Cuadernos Digitales de Formación · 2023 · PDF

6. Valoración de la prueba en general · pág. 19 · con fórmula de valoración

   «El art. 16 de la Directiva 2016/800 contempla el derecho del menor a estar presente y participar en su propio juicio. El criterio general es el de la presencia del menor en el juicio así como el de su participación. El derecho de un acusado a estar presente en el juicio se basa en el derecho a un juicio justo establecido en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, sí se admite la posibilidad de celebración en ausencia si se cumplen los requisitos de la Directiva UE 2016/343, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Dichos requisitos son la citación del sospechoso o acusado y su defensa letrada, además de la posibilidad de impugnar la resolución cuando l»

   Directiva (UE) 2016/800: garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales · MARIA EVA SAAVEDRA MONTERO · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

7. Valoración de la prueba en general · pág. 1 · con fórmula de valoración

   «Tanto el art. 90.1.b) bis como el 94 bis y el 103.1.a bis CC disponen que el juez determinará el tiempo y la forma en que al cónyuge el que no se le haya confiado la tenencia y cuidado del animal de compañía podrá tenerlo en su compañía, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal. Se trata de idénticos criterios decisorios a los que debe atenerse la autoridad judicial para hacer atribución de la tenencia y cuidado del animal. Por tanto, nos remitimos a lo dicho en los epígrafes VI.2.A ("La determinación del interés de los miembros de la familia"), VI.2.B ("El concepto de bienestar del animal: su contenido") y VI.2.C ("La valoración conjunta de ambos criterios en caso de contradicción o incompatibilidad entre ellos"). González del Pozo, Juan Pablo Las medidas relativas a los animales de ...»

   Las medidas relativas a los animales de compañía en los procesos de ruptura de pareja · JUAN PABLO GONZALEZ DEL POZO · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

8. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

   «En la labor valorativa de los intereses en conflicto es donde pueden surgir diferentes pronunciamientos judiciales, pues mientras que unos órganos judiciales hacen prevalecer el interés general presente en la ejecución de sanciones tributarias pecuniarias, unido a la ausencia de datos que hagan pensar en una pérdida de la finalidad legítima del recurso, otros tribunales priorizan el principio de presunción de inocencia que rige en materia sancionadora, eso sí, puesto en relación con otras circunstancias, como pueden ser las dificultades en la interpretación de la norma aplicada, el montante de la sanción impuesta, la situación económica del sancionado y la convicción de que la ejecución pueda causar perjuicios relevantes, y haga perder al recurso su finalidad y padecer el derecho del demandante a obtener la tutela judicial efectiva, pues en definitiva, y en palabras del Tribunal Supremo »

   Suspensiones cautelares del procedimiento recaudatorio · MARIA DOLORES RIVERA FRADE · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

9. Valoración de la prueba en general · pág. 17 · con fórmula de valoración

   «No obstante, una vez determinada la norma de conflicto y, a través de ella, la ley nacional sustantivamente aplicable para resolver las cuestiones de separación, divorcio, nulidad, responsabilidad parental o alimentos, renace la polémica cuestión de la carga de la prueba del derecho extranjero. Esta es atribuida a las partes en nuestra regulación legal, tanto en su contenido como en su vigencia, sin perjuicio de que el tribunal pueda valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación (arts. 281.2 LEC y 33.3 LCJIMC). Criterio legislativo de difícil interpretación y que ha sido encauzada de modo reiterado por el Tribunal Supremo, destacando la STS 198/2015, de 17 de abril, ponente Sarazá Jimena (a la que se remite la reciente STS 578/2021, de 27 de julio). y la STS 287/2015, de 20 de mayo, ponente Orduña Moreno. Esta última establece, con remisión Artola Fernánd»

   Tema 9. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Aplicación en materias de derecho de familia · MIGUEL ALVARO ARTOLA FERNANDEZ · Formación a Distancia · 2022 · PDF

10. Valoración de la prueba en general · pág. 11 · con fórmula de valoración

    «Por tanto, habría dos tipos de secreto: el relativo a las partes personadas (excepto el Ministerio Fiscal) y el referente a todos los demás que no son parte, para quienes la investigación es, en principio y siempre, secreta, pues según el art. 301 LECrim: "Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley". El secreto de las actuaciones está relacionado con el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los investigados, así como con el derecho a la intimidad del resto de partes. Por tanto, declarado expresamente el secreto sumarial respecto de dichas partes, el hecho de que se filtre el contenido del sumario es aún más escandaloso que Velilla Antolín, Natalia El juez en las redes sociales: perfil, ...»

    El juez en las redes sociales: perfil, posibilidades y límites · NATALIA VELILLA ANTOLIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

11. Valoración de la prueba en general · con fórmula de valoración

    «Las cuatro conclusiones a las que podemos llegar tras todo lo expuesto son las siguientes: 1. Especificidad del ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito del patrimonio histórico o cultural motivada por el incumplimiento de los deberes de conservación o ejecución o falta de colaboración. La naturaleza de los bienes determina que el inicio de un procedimiento sancionador conlleve adopción de medidas de protección e identificación de responsables y hechos atribuidos con una posible identificación de la infracción y posibles sanciones. 2. Necesidad de dotar de garantía procedimental en toda su extensión con preservación de los principios de defensa y presunción de inocencia. No cabe una presunción de culpabilidad, sino que es necesaria la motivación de todas las circunstancias concurrentes que motivan la imposición de sanción. 3. Fuerza cuasi vinculante de los informes técnicos ope»

    Potestad sancionadora relativa a los bienes de interés cultural · MARIA ABELLEIRA RODRIGUEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

12. Valoración de la prueba en general · pág. 2 · con fórmula de valoración

    «El artículo 80.1 del Código Penal (en adelante, CP) habla de tener en cuenta los "antecedentes" del condenado. El precepto no establece una distinción entre antecedentes penales y policiales. Los asistentes consideran que no denegarían el beneficio de la suspensión por el hecho de que el condenado tenga antecedentes policiales. En este sentido debe tenerse en cuenta que ello podría afectar al derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución española) en la medida que tales antecedentes policiales podrían haber dado a un proceso penal que finalizara con sentencia absolutoria o mediante un sobreseimiento. En todo caso, los asistentes consideran que los antecedentes policiales formarían parte de los elementos mencionados en el art. 80.1 CP a los efectos de valorar el juicio de peligrosidad criminal. Si bien en ningún caso se denegaría la suspensión exclusivamente por l»

    Conclusiones del Seminario Enfoque Práctico de la Ejecución Penal. Madrid, del 19 al 21 de febrero de 2020 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2020 · PDF

13. Valoración de la prueba en general · pág. 8 · con fórmula de valoración

    «Así, se consideró la mayor protección económica de la baja, la admisión del aislamiento o confinamiento total y la de trabajadores especialmente sensibles, sin posibilidad de minimizar riesgos con la extensión de partes de baja, pero como contingencia común. - Es hora de que a aquellos trabajadores sanitarios, víctimas laborales de la pandemia por haber contraído la enfermedad (con singular incidencia al realizar su trabajo con las deficientes medidas de protección que los expusieron particularmente al contagio, en algunos supuestos) se les reconozca la incapacidad laboral, las secuelas y las demás responsabilidades derivadas de la citada afección por COVID-19 como enfermedad profesional. - La Seguridad Social debe tomar medidas "extraordinarias" para cambiar la contingencia de forma automática o directa o de oficio, como procede en derecho, invirtiendo la carga de la prueba, ya que, de »

    COVID-19 y Seguridad Social. La tarea de determinación de la contingencia · ROSA MARIA VIROLES PIÑOL · Cuadernos Digitales de Formación · 2020 · PDF

14. Valoración de la prueba en general · pág. 30 · con fórmula de valoración

    «En cambio, las cláusulas delimitadoras no pueden ser objeto de control directo de contenido, porque forman parte de los elementos principales del contrato. Ya se ha indicado que pueden ser sorprendentes y, como tales, lesivas, por aplicación del art. 3 LCS, en cuyo caso se tendrán por no puestas. En otro caso, solo podrán ser sometidas a control de contenido si no son transparentes. El juicio de abusividad propio del control de contenido, en la formulación anterior a la LCCI, podrá hacerse por referencia a la cláusula general de abusividad del art. 82 TRLGDCU, o por contraste con la lista negra de los arts. 85 a 90 (si las cláusulas enjuiciadas vinculan el contrato a la voluntad del empresario, limitan los derechos del consumidor y usuario; determinan la falta de reciprocidad en el contrato, imponen garantías desproporcionadas, desplazan indebidamente la carga de la prueba, resultan desp»

    El qui prodest de los seguros vinculados a contratos de financiación: luces, sombras y algunas dificultades procesales · RAQUEL BLAZQUEZ MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2020 · PDF

15. Valoración de la prueba en general · pág. 13 · con fórmula de valoración

    «existencia de fraude de ley solo podrá apreciarse cuando éste conste de manera inequívoca por existir entre los hechos-base demostrados y aquel que se trata de deducir un enlace preciso, directo y unívoco según las reglas del criterio humano, que excluya cualquier duda razonable".»

    Aspectos civiles de la inmigración. Una visión jurisprudencial respecto del estado civil de las personas · JOSE RAMON GARCIA ARAGON · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

16. Valoración de la prueba en general · pág. 46 · con fórmula de valoración

    «"Una cosa es utilizar expresiones que molesten, inquieten o perturben y otra dejarse llevar por el insulto o la descalificación, donde la dignidad resulta afectada de forma incompatible con el Ordenamiento Jurídico [...]. En efecto, se califica a la gerente como dictadora que maltrata a sus empleados [...]. Añade que es un ser que solo sabe despreciar y maltratar a los trabajadores y se refiere a acabar con lo más ruin de esta acción empresarial llena de ilegalidades y se la incluye en la pirámide de mafiosos, que, en el contexto de todas las comunicaciones, en la que se alude a un enriquecimiento personal, viene a significar organización delictiva, lo que tampoco respeta la presunción de inocencia (art. 24 CE). En un Estado de Derecho se debe actuar de conformidad a este, a cuyo efecto y, en último término, existen diversas jurisdicciones a las que se puede acudir" (fundamento jurídico »

    La incidencia de las NTIC en la seguridad y salud en el trabajo. Protección de datos y prevención de riesgos profesionales. Violencia tecnológica en el trabajo: medios de prevención y reprensión · CRISTOBAL MOLINA NAVARRETE · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

17. Valoración de la prueba en general · pág. 52 · con fórmula de valoración

    «penalidad ni sanción alguna para el responsable, sino únicamente la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados". Y posteriormente la STS de 31 de enero de 2007 (rec. 5594/2001) afirmó claramente que la responsabilidad contable, en cuanto dirigida a la indemnización de los daños y perjuicios causados al Erario Público, por lo gestores de fondos públicos o perceptores de subvenciones u otras ayudas del sector público, no tiene carácter sancionador, sino meramente patrimonial, razón por la que resulta compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal - artículo 18.1- de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo de 1982, añadiendo como conclusión: "[...] difícilmente puede violarse la presunción de inocencia cuando existe ya sentencia penal firme que determina los hechos indicados y la autoría de los mismos, mientras que, como hemos dicho con ant»

    La Ley General de Subvenciones de 2003 a la luz de la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo: análisis de algunas cuestiones controvertidas. En especial, el derecho al cobro y la devolución de subvenciones · GERMAN FERNANDEZ FARRERES · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

18. Valoración de la prueba en general · pág. 4 · con fórmula de valoración

    «Las críticas a este precepto se han seguido manteniendo, al advertir que el ejercicio de un derecho fundamental, como es el no declarar contra ti mismo (art. 24.2 CE), sirve como fundamento para agravar la pena de un modo muy sustancial. De hecho, resulta difícil apartarse de la crítica del delito de sospecha cuando se constata que la pena, en caso de detención ilegal sin dar razón del paradero, será la misma que la del homicidio, y la pena del secuestro sin dar razón del paradero, la misma que la del asesinato en su mitad inferior. Sobre la interpretación del tipo penal y su constitucionalidad se pronunciaron el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en el caso el Nani. En la STS de 25 de junio de 1990, el tribunal trata de objetivizar los elementos del tipo para sortear la crítica de estar aplicando un delito de sospecha contrario al principio de presunción de inocencia, y lo ha»

    La tipificación en España del delito de desaparición forzada de personas · ALFREDO LIÑAN LAFUENTE · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

19. Valoración de la prueba en general · pág. 5 · con fórmula de valoración

    «Nuestro Tribunal Supremo admite que existe una sola acción en la que se yuxtaponen la acción contractual y la extracontractual bajo el principio de unidad de culpa. En relación con la incidencia en la materia de los artículos 147 y 148 de la Ley de Consumidores antes citados, nuevamente se plantea si existen dos acciones independientes o una única acción. Así, si considerásemos la existencia de dos acciones (la acción general de responsabilidad por culpa y la acción derivada de la Ley de Consumidores), se aplicaría distinto plazo de prescripción o se valorarían también de forma distinta la inversión de la carga de la prueba, según se ejercite una u otra acción. O bien, si se entiende que se trata de una sola acción, con especialidades si el perjudicado es consumidor, la aplicación de la Ley de Consumidores sería incluso de oficio por el juzgador según se acomode o corresponda a los hecho»

    Conclusiones del Seminario Responsabilidad por Daños Personales en Espacios Públicos y Privados. Madrid, del 14 al 16 de febrero de 2018 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2018 · PDF

20. Valoración de la prueba en general · pág. 23 · con fórmula de valoración

    «"Según la sentencia recurrida, el recurrente ha sido condenado por haberse apoderado, cuando ejercía sus funciones de Director del Area de Cultura yPatrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza, de determinadas cantidades procedentes de la venta de catálogos correspondientes a las exposiciones que se organizaron en el Palacio de Sástago de Zaragoza y se defiende en el recurso que la valoración de la prueba no puede abstraerse de la absoluta indefinición que regía la actividad de venta de catálogos de las exposiciones que se llevaban a cabo en dicho Palacio, señalándose que se desconocía el número de catálogos que se ponían a la venta, se desconocía el número de los catálogos vendidos, no existía normativa que regulase la actividad relativa a la venta de catálogos así como sobre la recaudación Serna de Pedro, Mónica de la El autoblanqueo»

    El autoblanqueo · MONICA DE LA SERNA DE PEDRO · Cuadernos Digitales de Formación · 2018 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.