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1. Prueba ilícita y prohibida · pág. 9 · sin fórmula

   «financiero de la marca en el mercado, sino calcular en cuanto se ha perjudicado el valor de la marca en el mercado debido a las actuaciones ilícitas por terceros. En este punto, es necesario enfatizar las diferencias entre dilución de marca y confusión. La prueba de que existe confusión por parte del consumidor y por lo tanto, la existencia de violación del derecho de marca y consecuentemente sus remedios legales, están diseñados para proteger a los consumidores del engaño y la confusión. En cambio, los principios de la protección de las marcas ante casos de dilución están diseñados para proteger el valor económico y relacional de la marca, más que la seguridad del consumidor.»

   Valoración y cuantificación de la dilución de marcas: un encuentro entre el ámbito jurídico y económico · JULIO CERVIÑO FERNANDEZ / ADELA LARIO RIVA · Estudios de Derecho Judicial · 2006 · PDF

2. Prueba ilícita y prohibida · pág. 11 · sin fórmula

   «La combinación fraudulenta en que consiste el fraude procesal puede utilizar distintas vías, como el allanamiento o el desistimiento, la admisión o conformidad de hechos, o la manipulación de las pruebas (23). Las consideraciones sobre el fraude procesal nos sitúan ya en el umbral de las disposiciones procesales reguladoras del abuso del proceso. El análisis de las mismas se va a realizar en los próximos apartados, tras las largas pero a mi juicio imprescindibles disquisiciones conceptuales anteriores.»

   El abuso del proceso en la jurisdicción social · ANTONIO MARTIN VALVERDE · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

3. Prueba ilícita y prohibida · pág. 8 · sin fórmula

   «La magnitud y profundidad de la situación que daba lugar a la comisión de numerosos ilícitos penales y que evidenciaba la existencia de un conflicto social requería, desde mi punto de vista, la colaboración y coordinación de quienes desde nuestro trabajo estábamos relacionados con los mismos; ya que sólo así podríamos intentar responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y llevar a cabo un correcto enjuiciamiento de los hechos, no solo rápido, sino también dotado de las pruebas necesarias, con el respeto obligado de las garantías irrenunciables en un proceso penal, y que evitase en lo posible la victimización secundaria.»

   La atención integral a mujeres víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales en la Comunidad Foral de Navarra · MARIA ESTHER ERICE MARTINEZ · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

4. Prueba ilícita y prohibida · pág. 28 · sin fórmula

   «obligatoriedad de los test de embarazo (74), y con respecto a las pruebas sobre capacidad reproductiva, no siendo en absoluto gratuito que, al referirse a la protección de la capacidad reproductiva, el art. 25.2 de la LPRL, utilizando un lenguaje no sexista desconocido en la leyes de la época, se refiera expresamente a "trabajadores y trabajadoras" , intentando así evitar la tradicional feminización de la responsabilidad reproductiva, lo que, por cierto, contrasta con que "los agentes tóxicos causan más alteraciones reproductivas en el hombre que en la mujer, siendo en buena parte responsables de la generalizada disminución en la fertilidad masculina que afecta en las últimas décadas a buena parte de los hombres de los llamados países desarrollados"»

   Los límites de la vigilancia de la salud de los trabajadores · JOSE FERNANDO LOUSADA AROCHENA · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

5. Prueba ilícita y prohibida · pág. 23 · sin fórmula

   «A pesar de lo cual, existiendo una presunción formal de conocimiento de la resolución judicial que admite a trámite el concurso fundada en la notificación formal al Procurador, habrá que trasladar a la esfera del autor la probanza de la excusa exculpatoria que alegue en el sentido de desconocer esa circunstancia cuando realizó el acto de disposición prohibido por la ley penal. En suma, se trata de una cuestión de prueba que habrá de ser valorada en la fase decisoria del juicio.»

   Análisis del nuevo art. 259 del Código Penal. Los actos de disposición patrimonial del concursado tras la admisión del concurso · ANTONIO GIL MARTINEZ · Estudios de Derecho Judicial · 2004 · PDF

6. Prueba ilícita y prohibida · pág. 32 · sin fórmula

   «Finalmente, la discusión entre el carácter ilícito y lesivo de tal actividad, sostenido por los titulares de propiedad intelectual que demandaron a Napster, y el carácter lícito de la copia privada obtenida a través de Napster (difícilmente sostenible con una aplicación de la prueba de tres fases), se ha resuelto vía transaccional a favor de este último, en una solución más bien práctica, que ha determinado que el acceso a Napster ya no sea gratuito y lo recaudado se destine a compensar a los titulares de la propiedad intelectual en atención al mayor o menor número de copias que se realicen a través de este sistema.»

   Propiedad intelectual y sociedad de la información (La Directiva comunitaria 2001/29/CE) · JAVIER PLAZA PENADES · Cuadernos de Derecho Judicial · 2004 · PDF

7. Prueba ilícita y prohibida · pág. 20 · sin fórmula

   «Dada la instalación de la delincuencia organizada y los modos industrializados en la usurpación de marca y la piratería en general los mecanismos de tutela civil y administrativa son manifiestamente insuficientes. El uso de la vía penal aparece como la única posibilidad de enfrentamiento con el fenómeno, pero no cualquier uso. Junto al empleo de los mecanismos nacionales cada vez se hace necesaria con mayor intensidad la utilización de la acción internacional aprovechando los recursos normativos y estructurales disponibles en materia de cooperación judicial internacional alumbrados en el marco del Tercer Pilar. Armonización y aproximación normativa, refuerzo de la cooperación policial y judicial, uso de los instrumentos para la articulación de investigaciones y obtención de pruebas Tirado Estrada, Jesús José Delincuencia organizada y tráfico ilícito ...»

   Delincuencia organizada y tráfico ilícito de productos de marca. Perspectivas de acción internacional en el ámbito del tercer pilar · JESUS JOSE TIRADO ESTRADA · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

8. Prueba ilícita y prohibida · pág. 80 · sin fórmula

   «Cuando las medidas cautelares se soliciten en relación con procesos incoados por demandas en que se pretenda la prohibición o cesación de actividades ilícitas, también podrá proponerse al tribunal que, con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, requiera los informes u ordene las investigaciones que el solicitante no pueda aportar o llevar a cabo y que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud. Para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las medidas cautelares. 3.»

   La protección procesal de los derechos de propiedad industrial · ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

9. Prueba ilícita y prohibida · pág. 6 · sin fórmula

   «Otro tanto cabe decir de las denominadas "pruebas explosivas", denominando así a aquéllas que nada añaden al sustrato de hecho del caso y, sin embargo, pueden tener gran impacto emocional en el jurado. Por ejemplo, si el reportaje videográfico de la autopsia es innecesario, dado que existen otros medios de acreditar directamente la realidad y el mecanismo que ocasionó la muerte. Melero Merino, Francisco Javier Sobre la supuesta manipulación del jurado y ...»

   Sobre la supuesta manipulación del jurado y la objetividad de sus decisiones · FRANCISCO JAVIER MELERO MERINO · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

10. Prueba ilícita y prohibida · pág. 4 · sin fórmula

    «Este precepto supone un cambio de paradigma respecto de la posición mayoritaria sobre las consecuencias de la aportación en el procedimiento de documentación obtenida de forma ilícita (artículo 287 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante, LEC]), ya que se venía considerando que, en la confrontación entre el derecho al secreto profesional y el derecho de defensa del aportante, debía prevalecer este último, con base en la STC 114/1984, de 29 de noviembre. Con la LO 5/2024, el principio de confidencialidad pasa a estar reconocido en una norma con rango de ley orgánica y se incluye no solo la prohibición de aportación por los abogados, sino también la obligación de inadmisión por el órgano judicial. Esta voluntad del legislador es la que se recoge también en el art. 9 LO 1/2025, de manera que habrá de ser inadmitida cualquier prueba que esté incluida en su ámbit»

    Cuestiones procesales que se suscitan tras las últimas reformas · EVA MARIA ATARES GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2025 · PDF

11. Prueba ilícita y prohibida · pág. 2 · sin fórmula

    «Numerosos precedentes internacionales ponen de relieve la necesidad de fortalecer la investigación e incautación patrimonial y de otorgarle el protagonismo que merece en la lucha contra la delincuencia organizada, dirigida a enervar la consolidación de ganancias ilícitas neutralizando el producto del delito, que se entiende que constituye la principal motivación en este tipo de delincuencia. La recuperación de activos procedentes del delito no es, desde luego, una tarea sencilla. En muchas ocasiones exige superar las barreras tanto físicas como jurídicas que los delincuentes tratan de interponer entre el delito y su producto para evitar tanto su localización como su incautación, a través de entramados complejos y sofisticada ingeniería financiera. De ahí que durante el proceso de investigación e incautación patrimonial deba desplegarse toda una serie de acciones, de diferente naturaleza »

    Capítulo IX. Resoluciones de embargo y decomiso · JOSE MANUEL SANCHEZ SISCART · Formación a Distancia · 2023 · PDF

12. Prueba ilícita y prohibida · pág. 2 · sin fórmula

    «Numerosos precedentes internacionales ponen de relieve la necesidad de fortalecer la investigación e incautación patrimonial y de otorgarle el protagonismo que merece en la lucha contra la delincuencia organizada, dirigida a enervar la consolidación de ganancias ilícitas neutralizando el producto del delito, que se entiende que constituye la principal motivación en este tipo de delincuencia. La recuperación de activos procedentes del delito no es, desde luego, una tarea sencilla. En muchas ocasiones exige superar las barreras tanto físicas como jurídicas que los delincuentes tratan de interponer entre el delito y su producto para evitar tanto su localización como su incautación, a través de entramados complejos y sofisticada ingeniería financiera. De ahí que durante el proceso de investigación e incautación patrimonial deba desplegarse toda una serie de acciones, de diferente naturaleza »

    Capítulo IX. Resoluciones de embargo y decomiso · JOSE MANUEL SANCHEZ SISCART · Formación a Distancia · 2022 · PDF

13. Prueba ilícita y prohibida · pág. 2 · sin fórmula

    «Numerosos precedentes internacionales ponen de relieve la necesidad de fortalecer la investigación e incautación patrimonial y de otorgarle el protagonismo que merece en la lucha contra la delincuencia organizada, dirigida a enervar la consolidación de ganancias ilícitas neutralizando el producto del delito, que se entiende que constituye la principal motivación en este tipo de delincuencia. La recuperación de activos procedentes del delito no es, desde luego, una tarea sencilla. En muchas ocasiones exige superar las barreras tanto físicas como jurídicas que los delincuentes tratan de interponer entre el delito y su producto para evitar tanto su localización como su incautación, a través de entramados complejos y sofisticada ingeniería financiera. De ahí que durante el proceso de investigación e incautación patrimonial deba desplegarse toda una serie de acciones, de diferente naturaleza »

    Capítulo IX. Resoluciones de embargo y decomiso · JOSE MANUEL SANCHEZ SISCART · Formación a Distancia · 2021 · PDF

14. Prueba ilícita y prohibida · pág. 13 · sin fórmula

    «necesidades terapéuticas y de las complicaciones posibles a largo plazo, con lo que la evidente insuficiencia de esta descripción obliga al Tribunal a acudir al texto vigente y a la puntuación actualmente reservada a la diabetes bien controlada -en ausencia de una prueba indicativa de una alteración más grave- con la consecuencia de señalar veinte puntos por esta secuela (24). No se trata expresamente la cuestión en la STSJ de Galicia, sede de A Coruña, Sección Primera, de 7 de abril de 2018, en la que se enjuicia el fallecimiento en 2013 por un infarto agudo de miocardio que no fue detectado en el servicio de urgencias un día antes. Sin embargo, de las cantidades solicitadas por los demandantes (90 000 euros el viudo y 20 000 euros cada uno de los hijos), se deduce que se ha utilizado el baremo introducido por la Ley 35/2015. En este caso, se reconoció el 27.8 % de dichas cantidades, co»

    Sistema de valoración del daño corporal: ámbito propio de aplicación y aplicación orientadora · MARIA CRUZ APARICIO REDONDO · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

15. Prueba ilícita y prohibida · pág. 7 · sin fórmula

    «La sentencia rechazó el ilícito concurrencial en su modalidad de oferta señuelo al no haberse ni siquiera intentado la prueba de que la conducta era susceptible de provocar error en los consumidores sobre el nivel de precios de los demás productos ofertados en el establecimiento, destacando que el propio actor, a la hora de comentar el alcance de la rectificación publicitaria hecha por la demandada al día siguiente de la publicitación del producto cuestionado, atribuyó a la oferta una finalidad muy concreta, la de atraer a posibles compradores por una excepcional oferta de precio, hecho que resaltaba porque la venta a pérdida en centro comercial es en principio lícita salvo cuando induce a error a los consumidores sobre el nivel de precios de las restantes prestaciones y productos ofrecidos en el establecimiento.»

    Venta a pérdida · ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2018 · PDF

16. Prueba ilícita y prohibida · pág. 13 · sin fórmula

    «Esto es, cabe extraer todas las consecuencias derivadas del acto examinado yendo más allá del mismo para comprobar toda la conducta administrativa y no solamente ese acto; las alegaciones y pruebas serán todo lo amplia que necesite la parte para demostrar la verdad de su posición en relación con la legalidad enjuiciada de la conducta administrativa comprendidas aquellas alegaciones y pruebas que por la razón que sea no se hayan aportado previamente a la Administración; se supera la mera visión de los vicios de orden público superando los defectos de forma; se exige actuar en sentido estricto privado en ocasiones como ad exemplum en la exigencia de intereses moratorios y otros supuestos exigidos por la jurisprudencia (pese a que haya normas que otorguen a ese tipo de exigencias carácter objetivo y automático) y, muy tímidamente todavía y con enormes contradicciones, ya se apunta en alguna»

    Discrecionalidad: ¿creen los jueces en su propio poder de control? · JOSE EUGENIO SORIANO GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2012 · PDF

17. Prueba ilícita y prohibida · pág. 18 · sin fórmula

    «Lo apuntó muy sucintamente la Sentencia de 4 de abril de 2002, en la que se mantiene la misma argumentación de las citadas con anterioridad, con respecto a la inexistencia de prueba, pero añadiendo una consideración final en el mismo Fundamento Jurídico: "tampoco puede hablarse de expropiación ya que no existe privación singular de derechos o intereses legítimos en los términos que establece el art. 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, en nada se ha alterado en la práctica la situación singular del recurrente, el contrato no ha sido transferido ni por tanto sustraído a su esfera patrimonial, a lo más que podría llegarse es a que algún día pueda operarse, no se ha justificado que ya se haya producido, la alteración de una cláusula contractual, la del monopolio, que ciertamente no puede estimarse que constituya un derecho subjetivo" (en el mismo sentido, las de 11, 12 y 18 de abril de 2002»

    La responsabilidad del Estado legislador · JUAN FRANCISCO MESTRE DELGADO · Cuadernos de Derecho Judicial · 2004 · PDF

18. Prueba ilícita y prohibida · sin fórmula

    «Sobre esta cuestión, la prueba contundente, además de las manifestaciones de la niña, que cobran especial importancia al tener ya 12 años, fue un informe psicosocial, emitido por el Psicólogo y la Asistente Social Adscrita a los Juzgados , en el que se concluye que el regreso de la niña a Bruselas ha de considerarse "como un elemento de pronóstico involutivo que podría desestabilizar la situación de bienestar Psico-Social que presenta Leticia y que podría conllevar alteraciones en su desarrollo evolutivo con posibilidad de adopción de conductas inadecuadas así como de posibles fugas". (16) Publicado en el BOE n.° 202 de 24 agosto 1987, corr. errores en BOE n.°155 de 30 de junio 1989 y BOE n.° 21, de 24 de enero 1996, entrado en vigor para España el 1 de septiembre de 1987.»

    Secuestro internacional de menores y violencia doméstica · MANUELA ESLAVA RODRIGUEZ · Manuales de Formación Continuada · 2004 · PDF

19. Prueba ilícita y prohibida · pág. 19 · sin fórmula

    «"[...] supuestos excepcionales en los que la indemnización legal tasada pueda resultar notoriamente insuficiente y el ilícito acto del despido ha causado daños o perjuicios constatados claramente, no cubiertos por aquella, que la convierten en inadecuada. Ejemplo de la aplicación de esta doctrina es la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 30 de enero de 2023, rsu. 6219/2022, en que el despido improcedente efectuado el 27 de marzo de 2020 privó a la trabajadora afectada de la posibilidad de ser incluida en un ERTE COVID, solicitado por la empresa cinco días después, que hubiera permitido a la trabajadora, sin periodo de carencia suficiente para percibir la prestación por desempleo ordinaria, acogerse a las medidas extraordinarias sobre protección de desempleo contempladas en el art. 25 del Real Decreto 8/2020. En la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 23 de abril de 2»

    La Carta Social Europea · RAQUEL VICENTE ANDRES · Cuadernos Digitales de Formación · 2025 · PDF

20. Prueba ilícita y prohibida · pág. 2 · sin fórmula

    «Hasta el año 1983 los códigos penales contemplaban el internamiento del enajenado y sordomudo (1) como medida de seguridad única y obligatoria anudada al ilícito penal. Como afirma FERNÁNDEZ ENTRALGO (2) prevalecía la imagen colectiva y tópica del enfermo mental como un ser improductivo y peligroso. Era ese peligro presunto, no necesitado de prueba, el que hizo a nuestra jurisprudencia mantener como respuesta inexcusable ante el delito la imposición de la medida de internamiento, con duración además indeterminada, dependiendo de la voluntad del tribunal (3). La reforma de 1983 introduce en el art. 8.1 CP, manteniendo la obligatoriedad de la medida de seguridad, la posibilidad de aplicar alternativamente, y desde el momento de la imposición, otra distinta al internamiento en centro adecuado (4). El TC tuvo ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad del art. 8.1 del CP en dos sent»

    Algunas cuestiones sobre la medida de seguridad de internamiento psiquiátrico · PABLO GOMEZ-ESCOLAR MAZUELA · Estudios de Derecho Judicial · 2007 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.