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1. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

   «Mas, a ese régimen de responsabilidad del porteador debe añadirse el régimen específico de responsabilidad de los operadores de carga y descarga que establece el PLGNM en el Capítulo IV, del Título V relativo a los contratos auxiliares de la navegación .El Capítulo IV regula el contrato de manipulación portuaria (39) y estipula el régimen de responsabilidad del operador por pérdidas, daño o retraso en la entrega de las mercancías durante el tiempo en que se encuentran bajo su custodia, basado en un sistema de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba y con el establecimiento de normas específicas de limitación de la responsabilidad, así como de su propio régimen de protestas o reservas en la entrega de la mercancía, y del plazo de prescripción de las acciones (40).»

   Prescripción y caducidad en las reclamaciones por responsabilidad en transporte marítimo de mercancías · MARIA ELENA BOET SERRA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

2. Prueba ilícita y prohibida · pág. 21 · con fórmula de valoración

   «"en este supuesto, en el que el nivel de los ruidos, comprobado a través de diversas y sucesivas mediciones llevadas a cabo por funcionarios policiales, alcanzó en alguna ocasión 66 decibelios, más del doble del máximo permitido por la norma administrativa aplicable, a la que remite el precepto penal, y con unos valores medios de 45-50 decibelios, es decir, de un 50% superior al establecido legalmente como límite, no puede caber duda alguna, de acuerdo con las máximas de experiencia más elementales, citadas por la referida Sentencia de 27 de Abril de 2007, de que creaba ese riesgo concreto de la suficiente gravedad para la salud, exigido, como elemento esencial, para la existencia del ilícito penal. Si además tenemos en cuenta que la perturbación sonora era sufrida por las otras personas a horas realmente intempestivas, propias de los períodos de descanso, y en su propios domicilios, la »

   Contaminación acústica · CARLOS LUIS LLEDO GONZALEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

3. Prueba ilícita y prohibida · pág. 4 · con fórmula de valoración

   «Evidentemente estamos en una época, el siglo XVIII, en la que los criterios comunes en la aplicación de la justicia difieren de forma notoria de los que hoy consideramos. Como mero ejemplo, pero suficientemente revelador, el Tratado del Marqués de Beccaría De los delitos y de las penas se encuentra en el índice de libros prohibidos por la Iglesia católica. La jurisdicción militar obedece al mismo sistema de valores que la ordinaria y, por lo tanto, a veces va a ser difícil que intentemos encontrar instituciones y principios que hoy nos son absolutamente indiscutibles, tales como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la existencia de un criterio de relación de intensidad entre el crimen y la pena, o los valores sociales que el derecho punitivo recoge con su sistema de defensa. La justicia militar que encontramos en las Ordenanzas de Carlos III responde, pues, a un ordenamie»

   La jurisdicción militar en las Ordenanzas de Carlos III. Un apunte · ALFREDO FERNANDEZ BENITO · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

4. Prueba ilícita y prohibida · pág. 18 · sin fórmula

   «prohibida por la ley ", mientras el artículo 287 del mismo texto legal prevé el cauce procesal para hacer valer esa alegación de ilicitud, ya sea a instancia de parte ya sea de oficio por el órgano judicial. La cuestión es, por supuesto, determinar en qué medida una vulneración del derecho a la protección de datos debe considerarse determinante de la ilicitud que comporta la invalidez de la prueba. Pueden apuntarse algunas ideas, que la concienciación de los tribunales en esta materia, debería desarrollar jurisprudencialmente.»

   La protección de datos en la jurisdicción civil: situación actual e incidencia de los proyectos legislativos de la Unión Europea · JOAQUIN BAYO DELGADO · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

5. Prueba ilícita y prohibida · sin fórmula

   «En la función pública deben superar las mismas pruebas o exámenes para acceder a ese puesto de trabajo (21). Con mayor razón está prohibida dar preferencia a la mujer sobre el varón en la competencia por un puesto laboral si la primera tuviera inferioridad de méritos, y a la inversa está prohibido favorecer al varón y discriminar a la mujer; supuesto que constituiría en ambos casos una discriminación directa prohibida en esta Ley Orgánica; práctica ilegal sin embargo frecuente en su segundo supuesto.»

   La Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las acciones positivas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres · MARIA ELOSEGUI ITXASO · Cuadernos de Derecho Judicial · 2007 · PDF

6. Prueba ilícita y prohibida · pág. 18 · con fórmula de valoración

   «El efecto principal es la obligación de reparar solidariamente el daño causado mediante la correspondiente indemnización. La indemnización de daños y perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, esto es, la disminución efectiva producida a la sociedad y la ganancia dejada de percibir. Debe reputarse ilícito el pacto estatutario que establezca el pago por la sociedad de las indemnizaciones a que vinieran obligados los administradores como consecuencia de su responsabilidad, por contradecir uno de los principios configuradores de la sociedad anónima. La responsabilidad es solidaria de todos los administradores. Cuando la gestión de la sociedad se encomienda a una pluralidad de personas se plantean varios problemas en el momento de imputar responsabilidades. Esas dificultades se resuelven mediante una presunción de culpa de todos y cada uno de los miembros del órgano administr»

   Organización, funciones y responsabilidad civil de los consejos de administración en la delincuencia económica · ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA · Estudios de Derecho Judicial · 2006 · PDF

7. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

   «"Tanto de la cláusula novena como de la comentada en primer lugar (la que autoriza a introducir modificaciones) hay que señalar su excepcionalidad y, por consiguiente, su obligada interpretación restrictiva, porque es obvio que en ningún caso puede avalar actos o decisiones que perjudiquen o menoscaben los derechos de los compradores ni entenderse en términos tales que impliquen un gobierno del contenido contractual en favor de una de las partes; cualquier acto de la constructora que implique merma de aquellos derechos de los compradores o alteración del contenido contractual inicialmente programado, debe aparecer respaldado de manera expresa e indubitada por los compradores, nunca bajo fórmulas ambiguas, equívocas u oscuras. En este sentido lleva razón la parte demandante en cuanto afirma una inversión de la carga probatoria en perjuicio de la vendedora. Puesto que lo entregado no se co»

   Derechos y garantías de los consumidores en la compraventa de vivienda · JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO · Manuales de Formación Continuada · 2005 · PDF

8. Prueba ilícita y prohibida · pág. 26 · sin fórmula

   «La costumbre puede dar nacimiento a la norma de comportamiento: un comportamiento se convertirá en algo prohibido porque la mayoría de los Estados se abstienen con la conciencia de ejecutar así una obligación jurídica. En esto consiste la particularidad del principio de legalidad en el derecho penal internacional. Dicho principio exige un texto, pero solamente para la norma de comportamiento y como prueba de la existencia de la costumbre. Esto es necesario para definir este comportamiento como criminal y no sólo como ilícito, distinción que la costumbre, no formulada en un texto, no siempre hace aparecer en forma clara.»

   El Derecho de gentes aplicable al caso de alarma y excepción por la comisión de delitos de guerra y/o terrorismo: un extracto de su teoría y prácticas tras el 11-S, 11-M y 7-J · VICTORIANO PERRUCA ALBADALEJO · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

9. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

   «Tras recordar que el art. 51 de la Constitución recoge un principio rector de la política social y económica, que debe informar la legislación positiva y la práctica judicial (art. 53,3 de la Constitución), señala el Tribunal: "Sólo un entendimiento desviado de la nueva redacción del art. 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -que con toda evidencia ha aumentado las garantías del deudor respecto de las que tenía en la situación anterior- podría llegar a considerarlo contradictorio con las normas establecidas por la Ley de Defensa del Consumidor, aprobada por las Cortes Generales pocos días antes, el 19 jul. 1984; así, por ejemplo, si se entendiera que el pacto de liquidez que aquel precepto prevé conlleva una inversión de la carga de la prueba, explícitamente prohibida por el art. 10,1 número 8 de la Ley de Consumidores y Usuarios, pero, como ya hemos dicho, esa interpretación del párra»

   Las condiciones generales de la contratación y los contratos bancarios · MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE · Cuadernos de Derecho Judicial · 2003 · PDF

10. Prueba ilícita y prohibida · pág. 71 · con fórmula de valoración

    «(1) Este trabajo surge dentro del grupo de investigación de la Universidad de Oviedo Estudios de Derecho Procesal (España, Europa e Iberoamérica) - Verum in iudicium - (OV-PROC) como actividad enmarcada en el proyecto de investigación Proceso y prueba prohibida»

    La competencia objetiva del Tribunal del Jurado: cuestiones prácticas · AGUSTIN JESUS PEREZ-CRUZ MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

11. Prueba ilícita y prohibida · pág. 17 · con fórmula de valoración

    «La de instalación: en la que, dependiendo de la modalidad y con la ayuda técnica oportuna (normalmente, como decimos, policial), el juez autorizará la realización de las tareas de colocación del dispositivo técnico que permita en su momento oportuno la captación del audio (pudiendo añadir también su vídeo asociado, según los casos) en labor preparatoria, pero sin acceso a los contenidos (simple colocación), donde será importante analizar el respeto que el investigador haya podido apreciar a la normativa que protege la vida privada, singularmente, al derecho a la inviolabilidad domiciliaria, siendo indiferente que el dispositivo se halle instalado pero no operativo durante un tiempo continuado, pues al no estar activado técnicamente no capta conversaciones ni imágenes, y, jurídicamente, si alguien lo activara sin permiso fuera de los momentos autorizados por el juez, además de incurrir en»

    Intromisión en espacios de intimidad: balizas, cámaras y micrófonos · ELOY VELASCO NUÑEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2019 · PDF

12. Prueba ilícita y prohibida · sin fórmula

    «En definitiva, sostienen que no solo la fuente de prueba es ilícita, sino que los dos medios de prueba más relevantes lo son igualmente. El documento Excel, porque en él se han volcado los datos ilícitamente obtenidos, y los dos informes del Departamento de Auditoría de Bankia porque han sido elaborados a partir de los datos personales ilícitamente obtenidos. Tras relatar la sentencia cómo se obtuvieron los datos (24), concluye diciendo lo siguiente:»

    Jurisprudencia nacional sobre autodeterminación informativa y protección de datos personales · CRISTINA JUANA PEREZ-PIAYA MORENO · Cuadernos Digitales de Formación · 2018 · PDF

13. Prueba ilícita y prohibida · pág. 3 · con fórmula de valoración

    «No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive: a) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario, b) limiten los derechos del consumidor y usuario, c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, of) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable". (2) Página 81 de la Memoria. (3) STS, Sala de lo Civil, Sección 1.a, núm. 834, de 22 de diciembre de 2009 (ROJ: STS 8533/2009). (4) Sobre las prácticas prohibidas por desleales y la nulidad de los contratos conforme a la Directiva 2005/29/CE, vid.»

    Cláusulas abusivas · JOSE MARIA MIQUEL GONZALEZ DE AUDICANA · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

14. Prueba ilícita y prohibida · pág. 11 · con fórmula de valoración

    «En el caso del planteamiento de vulneración de derechos fundamentales, especialmente en relación con diligencias de investigación que se hayan practicado durante la fase instructora (supuesto que se produce con frecuencia en relación con las medidas de investigación que injieren en derechos fundamentales: entradas y registros, intervenciones telefónicas, supuestos de ilicitud de prueba, etc.), estimo (y es una posición contraria a determinadas resoluciones del TS sobre la materia, como se examinará a continuación) que resulta más adecuado resolverlas en la sentencia, puesto que no obstan la válida prosecución de la causa hasta el dictado final de la sentencia, reduciéndose la cuestión planteada a un supuesto de uso o no de las diligencias de prueba comprometida por la cuestión planteada como material incriminatorio de cargo, en el proceso psicológico de valoración probatoria; de suerte q»

    Análisis de cuestiones previas en la fase de enjuiciamiento ante el Juzgado de lo Penal, en particular las alegaciones sobre nulidad de actuaciones instructoras. Ejecución de sentencias procedentes de juicios rápidos con conformidad ante el Juzgado de Instrucción, posibilidad de adoptar resolución distinta en relación con beneficios de ejecución de pena en fase de ejecutoria · RICARDO VICENTE PUYOL SANCHEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2012 · PDF

15. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

    «Así se desprende de la STS 20-4-2009, cuando razona que: "no es dable aplicar en el presente caso el motivo específico de revisión ex art. 86.3 LPL, pues el Tribunal penal no excluyó la existencia de los hechos en que se fundamentó la sentencia firme de despido procedente, ni declaró la no participación en los referidos hechos de la trabajadora acusada, sino que fue la falta de prueba concluyente sobre el modo y autoría de los hechos, la que condujo al órgano penal, por aplicación, expresa y reiterada, del derecho a la presunción de inocencia, a la absolución de la ahora recurrente en revisión, tanto en relación con la manipulación de los cheques después de firmados como respecto al cobro del primero de los cheques, hechos en los que se fundamentaba la sentencia laboral firme para declarar la procedencia del despido" [STS 20-4-2009 (Rec. revisión 1/2008)].»

    De la audiencia al rebelde. El recurso de casación ordinario. Las disposiciones comunes a los recursos. La revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes y el proceso de error judicial · JORDI AGUSTI JULIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2012 · PDF

16. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

    «en el campo probatorio, significa impedir aportar prue-ba lícita o admitir prueba ilícita, siempre que ello se deba a una falta atribuible al órgano judicial, que de ese modo, desnivela su deber de imparcialidad objetiva, en el desarrollo del proceso»

    Dignidad de la Guardia Civil vs. garantías procesales · EDUARDO DE URBANO CASTRILLO · Revista del Poder Judicial · 2012 · PDF

17. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

    «Aquí se nos presenta un ejemplo entre los muchos imaginables (hechos probados discrepantes respecto de la calificación fiscal en extremos que la Sala ha considerado irrelevantes jurídicamente y que, sin embargo, pudieran no serlo respecto de la subsunción jurídica; omisiones, deliberadas o no, de algunos extremos fácticos que dejan sin el debido soporte la calificación penal aplicada; declaraciones de ilicitud de una prueba que para la acusación era básica, pero que la Sala considera prescindible a los fines de la convicción; o desde el punto de vista de la defensa, una sentencia absolutoria por cuestiones jurídicas -falta de tipicidad- que la defensa no podrá recurrir por temas de prueba -presunción de inocencia-, pudiendo verse sorprendida ante un recurso del fiscal cobijado en el art. 849.1.o, frente al que no podrá oponerse más que con argumentos jurídicos, pero no haciendo valer su »

    Modificaciones en la jurisprudencia sobre la adhesión al recurso de casación · ANDRES MARTINEZ ARRIETA · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

18. Prueba ilícita y prohibida · pág. 20 · con fórmula de valoración

    «Su principal resultado fue la desaparición de facto durante varios meses de los manteros de las calles de Madrid. (27) Artículos 147 y 150 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y art. 771.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (28) Art. 795.1.2.h de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (29) En este sentido, ha habido sentencias judiciales en que el juzgador ha considerado que esta suerte de conservación de los materiales ha contaminado la cadena de custodia de la prueba. (30) Manipulaciones del canon compensatorio por copia privada, contrabando de soportes ópticos o magnéticos, etc. (31) Al respecto, ver la inclusión del concepto de delincuencia organizada para las vulneraciones de los DPI en el art. 282bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (32) Los vuelos a China suelen llevar como pasajeros a varios súbditos chino»

    Guardia Civil y defensa de la propiedad intelectual. La lucha contra la piratería física · LUIS VALLES CAUSADA · Estudios de Derecho Judicial · 2007 · PDF

19. Prueba ilícita y prohibida · con fórmula de valoración

    «Se concreta, en ciertas propuestas, en una alteración de la carga de la prueba sobre el origen del patrimonio del delincuente de difícil encaje en sistemas con una Constitución como la española. (16) Expresamente se recogen las siguientes Decisiones Marco: "Sobre fortalecimiento de la protección por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de monedas con miras a la introducción del euro"; "Sobre fortalecimiento en el marco penal de las medidas para prevenir la facilitación de la entrada no autorizada, tránsito y residencia de extranjeros", "Relativa a la lucha contra la trata de seres humanos"; "La relativa al combate contra la explotación sexual de niños y la pornografía infantil"; "Sobre blanqueo de capitales, la identificación, el seguimiento, el embargo, la incautación y el decomiso de los instrumentos y productos del delito"; "Sobre combate contra el terror»

    El embargo preventivo y aseguramiento de pruebas, la ejecución de sanciones pecuniarias y el comiso: las Decisiones marco · ROSA ANA MORAN MARTINEZ · Cuadernos de Derecho Judicial · 2003 · PDF

20. Prueba ilícita y prohibida · pág. 2 · con fórmula de valoración

    «Ámbito material A) Objeto, extensión y límites a) Ampliación ex art. 181 LPL b) Reducción ex art. 182 c) Problemas y soluciones suscitadas con dicha reducción Bibliografía consultada Bajo la rúbrica de "modalidades procesales", regula la LPL lo que no son sino procesos con alguna o algunas especialidades sobre el general -proceso ordinario-, regulado en el Titulo I también del Libro II, con la prevención recogida en el art. 102, de que en todo lo no expresamente previsto, regirán las disposiciones establecidas para el proceso ordinario y no exenta ya de crítica, ante la variedad de asuntos que han de tramitarse ante el orden social, que impide de todo punto una unidad procedimental, téngase en cuenta en este sentido, la muy diferente naturaleza y especialidades de las distintas modalidades procesales, que van desde la alteración del orden de la intervención de las partes y de la carga de»

    Proceso sobre conflicto colectivo · JOSE MANUEL GONZALEZ VIÑAS · Cuadernos de Derecho Judicial · 2006 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.