Los 8.590 documentos, buscables

652 pasajes en 33 páginas · mostrando del 141 al 160

1. Prueba documental · pág. 12 · sin fórmula

   «En dicha acta deben constar todas las pruebas practicadas y requerimientos hechos, así como sus contestaciones, los justificantes de citaciones y llamamientos y reclamaciones presentadas por cualquier interesado. Esta acta extensa y compleja es difícilmente encuadrable en los tipos previstos en el reglamento notarial. No se habla en el proyecto de reforma de la audiencia reservada. En ambos casos, matrimonio administrativo o matrimonio notarial, el acta del matrimonio celebrado constituye el título documental para la inscripción del matrimonio. En el proyecto de reforma del registro civil se restablece el principio de competencia territorial suprimido en la Ley 20/2011.»

   Análisis, desarrollo y aplicación de la legislación registral civil. Ideas para un futuro reglamento: Conclusiones · Sin autor · Cuadernos Digitales de Formación · 2013 · PDF

2. Prueba documental · pág. 11 · con fórmula de valoración

   «1) La parte demandada deberá manifestarse precisamente sobre los hechos de la demanda, proponiendo de modo ordenado, a su vez, los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. 2) Contribuirá a la calidad de este tipo de procedimientos el cumplimiento escrupuloso de lo dispuesto en el art. 85.6 LRJS, lo que exigirá a cada parte ordenar sus cargas probatorias, asegurando que en el acta del juicio se identifique perfectamente qué hechos constitutivos son pacíficos, así como qué hechos impeditivos son extintivos o excluyentes. 3) La prueba documental se podrá practicar anticipadamente, conforme dispone el art. 82.4 LRJS, lo que es absolutamente recomendable en este tipo de procedimientos. 4) Las conclusiones deben ser propiamente lo que la ley exige, de manera que habrán de centrarse necesariamente en la valoración de la prueba sobre los hechos controvertidos, lo que deberá hacerse ordenada»

   Procesos de conflicto colectivo. Novedades en el proceso de conflicto colectivo en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero. Reglas de adecuación del procedimiento en las modalidades procesales en general · RICARDO BODAS MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2012 · PDF

3. Prueba documental · pág. 25 · con fórmula de valoración

   «No existe cosa juzgada por la sentencia dictada en el orden jurisdiccional social sobre una prestación de recargo de las prestaciones de viudedad y orfandad de la Seguridad Social, y otra de carácter civil por responsabilidad extracontractual. Sin embargo, existe infracción procesal pues concurre una notoria deficiencia en la apreciación de la prueba al no haberse considerado como prueba documental la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TS cuando debió ser considerada documento público a efectos de prueba en el proceso y, por ende, valorada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la LEC.»

   Crónica de jurisprudencia civil (Segundo trimestre de 2009) · MARIA ENCARNACION ROCA TRIAS · Revista del Poder Judicial · 2009 · PDF

4. Prueba documental · pág. 77 · con fórmula de valoración

   «Perito Industrial del Ayuntamiento constató que el limitador estaba manipulado y se señalan los folios 12 y 13 del acta del juicio para acreditar que el equipo de sonido estaba dotado de un doble limitador. Se insiste en los testimonios depuestos en el acto del juicio y en concreto de Carmen y Óscar, personas que trabajaron en la Sala de Fiestas, testimonios que carecen de naturaleza documental a estos efectos de invocar error en la apreciación de la prueba, declaraciones que se enfrentan a otras depuestas por los funcionarios policiales que intervinieron en las inspecciones. 5.»

   Tratamiento normativo y tendencia jurisprudencial en la protección penal contra el ruido · CARLOS LUIS LLEDO GONZALEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

5. Prueba documental · con fórmula de valoración

   «Respecto a la presunción de certeza, el Tribunal Supremo ha manifestado -Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre y 29 de noviembre de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo (RJ, 1996, 7528 y 8704), citando jurisprudencia consolidada del misma tribunal- que su fundamento "se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante -Sentencias entre otras, de 24 de enero, 28 de marzo, 6 de abril y 4 de mayo de 1989 (RJ, 1989/ 236, 2140, 2820 y 3603)-, presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental de la presunción de inocencia, en lo que respecta a las actas de infracción, ya que los arts. 38 del Decreto 1860/1975 y 52.2 de la Ley 8/1988 se limitan a atribuir a tales actas, por la propia naturaleza de la actuación inspectora, presunción de certeza, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en»

   La actuación administrativa en materia de prevención de riesgos laborales. Especial referencia a la investigación de accidentes. La actuación penal y la administrativa: la coordinación con la instrucción judicial y la relación entre las sanciones penales y administrativas · LUIS PEREZ CAPITAN · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

6. Prueba documental · pág. 21 · con fórmula de valoración

   «De ahí que no sólo pueda darse validez a la documentación que relata la Ley General de Subvenciones, pues aunque en el ámbito del Tribunal de Cuentas la prueba es, básicamente, documental, nada impide valorar las circunstancias de cada caso concreto de acuerdo con la sana crítica que corresponde al órgano de instancia respecto a otros medios de prueba aportados, medios que podrían tener importancia en determinados supuestos aunque no fueran documentales.»

   Las subvenciones públicas. El procedimiento jurisdiccional contable para su reintegro · DIEGO NAVARRO CORBACHO · Estudios de Derecho Judicial · 2005 · PDF

7. Prueba documental · pág. 79 · con fórmula de valoración

   «Se traslada, por tanto, al procedimiento sancionador que nos ocupa la doctrina jurisprudencial relativa a la relación entre el derecho fundamental a la presunción de inocencia y la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, establecida en el art. 52.2 de la derogada Ley 8/1988, hoy art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de la que gozan dichas actas, aun cuando sean levantadas previa actuación de los controladores de empleo, a la vista de las actuaciones practicadas por éstos.»

   Régimen sancionador en materia de extranjería. Procedimiento y garantías · JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

8. Prueba documental · pág. 15 · con fórmula de valoración

   «esté redactada". En las diligencias de entrada y registro salvaguardando la persona del detenido y los integrantes de la Comisión judicial o de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para la protección del derecho a la intimidad, seguridad y presunción de inocencia, es clara la ventaja de la grabación efectuada del lugar, efectos intervenidos, etc., que junto a la fe del Secretario en acta sucinta extendida en el acto, supone una prueba determinante para el acto del juicio. Pero donde encontramos una evolución favorable es en la Ley 38/28, de octubre de 2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el art. 788.6.»

   Actuaciones procesales: términos y plazos. Presentación de escritos y traslados de copias. Actos de comunicación. Documentación · MARIA LUISA GARCIA TEJEDOR · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

9. Prueba documental · pág. 14 · con fórmula de valoración

   «Pero, seguidamente la mentada sentencia destaca como funciones del MP: redactar el auto de hechos justiciables, decidir sobre los medios de prueba propuestos por las partes(art. 37 de la LOTJ), decidir la disolución del jurado si estima que del juicio no se infiere la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena contra el acusado (art. 49 de la LOTJ), dar redacción al objeto del veredicto, (que como se ha avanzado y tiene demostrado la experiencia es una función esencial para que el jurado pueda cumplir la tarea de juzgar que le está encomendada), dar las instrucciones al Jurado a que hace alusión el art. 54 de la LOTJ, y, finalmente redactar la sentencia incluyendo como hechos Bassols Muntada, Nuria La aplicación de la Ley Orgánica del ...»

   La aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado por la jurisprudencia · NURIA BASSOLS MUNTADA · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

10. Prueba documental · pág. 54 · con fórmula de valoración

    «Es este un juicio de pronóstico que, orientado a mantener las premisas básicas de la libertad condicional, no conculca el derecho a la presunción de inocencia cuando termina por justificar que se cumpla le pena inherente a un delito por el que el beneficiario ya fue juzgado y condenado. En todo caso, la valoración debe nacer de un contacto directo del Juez de Vigilancia Penitenciaria con los hechos y no puede fundarse, abstracta y exclusivamente, en la convicción de culpabilidad que mantenga otro Juez de instrucción respecto de un presunto delito. 2.5.»

    Aplicación y problemática de la libertad condicional en sus diversas modalidades: principio de flexibilidad, ejecución, revocación, suspensión, cumplimiento en país de origen, problemática creada con la ejecución de extranjero dentro y fuera de la Unión Europea · MARIA DEL PRADO TORRECILLA COLLADA · Cuadernos Digitales de Formación · 2023 · PDF

11. Prueba documental · pág. 7 · con fórmula de valoración

    «La STS 10/2021, de 18 de enero también recuerda, sobre el interés remuneratorio de un préstamo IRPH, que, para que se dé el requisito de la generalidad de las condiciones generales de la contratación, las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin, ya que se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse. Así como que la carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario.»

    Las cláusulas delimitadoras, limitativas y sorpresivas del contrato de seguro en la jurisprudencia reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo · ANA DEL SER LOPEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

12. Prueba documental · pág. 12 · con fórmula de valoración

    «Ese riesgo debe ser real (aunque la probabilidad de su materialización no tiene que ser probada más allá de una duda razonable; la carga de la prueba -que se recomienda sea documental- compete al denunciante, pero cabe la adopción de una suerte de medidas cautelarísimas mientras reúne la documentación) y no evitable a través de recursos de derecho interno. c. En el concreto caso de los desalojos, cada alegación de daño irreparable ha de ser examinada de forma individual, y ese examen es independiente del fondo del asunto. El fumus bonis iuris queda, en este sistema, bastante descafeinado.»

    Impacto de la Ley 5/2019 sobre los colectivos vulnerables por razón de género, edad o discapacidad · RAQUEL BLAZQUEZ MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2020 · PDF

13. Prueba documental · pág. 22 · con fórmula de valoración

    «el contenido de los documentos descritos, a efectos de cumplir con el principio de transparencia en su vertiente material". Supera de este modo iniciales redacciones que pretendían otorgar a la actuación del notario el valor de presunción iuris tantum de cumplimiento del principio de transparencia, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del prestatario. Como antes señalé, el notario no emite ningún juicio de comprensión de los otorgantes del acta.»

    La intervención notarial en el control de transparencia material en la Ley 5/2019, de 15 de marzo · SALVADOR TORRES RUIZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2020 · PDF

14. Prueba documental · pág. 4 · con fórmula de valoración

    «1. Los antecedentes policiales. Por unanimidad se rechaza tomar en consideración estos antecedentes, ya que es contrario al principio de presunción de inocencia. 2. Los antecedentes penales vigentes o también los cancelados o cancelables. Se rechaza por mayoría el tomar en consideración estos últimos antecedentes al entender que es contrario al principio de reinserción social del art. 25.2 CE. El que ha sido condenado iría arrastrando los antecedentes durante toda su vida y su consideración sería contraria al art. 136.5 CP. No obstante, se deja constancia de la discrecionalidad y amplitud de los términos en los que está redactado el párrafo segundo del art. 80.1 CP: "sus antecedentes".»

    Conclusiones del Seminario Nueva Configuración de la Suspensión y la Sustitución de las Penas tras la Reforma del Código Penal (1.ª edición). Madrid, del 27 al 29 de abril de 2016 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2016 · PDF

15. Prueba documental · pág. 31 · sin fórmula

    «En estas sentencias se afirma que la norma exige dos requisitos diferentes: la acreditación de la convivencia y la acreditación de la existencia de la pareja de hecho. La convivencia se acredita, conforme a la doctrina antes comentada, por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. La existencia de la pareja sólo puede acreditarse mediante su formalización en documento público o su inscripción en el registro. Por otra parte, no basta con cualquier documento público, ni con cualquier inscripción. La inscripción debe hacerse en el registro de parejas de hecho y el documento público debe reflejar expresamente la constitución de la pareja de hecho.»

    Los problemas de las pensiones de viudedad y orfandad en la última doctrina judicial · ELENA DESDENTADO DAROCA · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

16. Prueba documental · pág. 23 · con fórmula de valoración

    «"a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su Ledesma Ibáñez, María del Pilar Las cláusulas suelo, los intereses de ... > supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios. d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser»

    Las cláusulas suelo, los intereses de demora y los intereses máximos recogidos en la Ley 1/2013 de protección al deudor hipotecario. Problemas específicos de la segunda instancia · MARIA DEL PILAR LEDESMA IBAÑEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2014 · PDF

17. Prueba documental · pág. 32 · con fórmula de valoración

    «El primero de los requisitos exige del empresario que acredite la concurrencia de la causa o causas alegadas, pero no la abstracta, remota o genérica, sino la concreta y real, probando los hechos, datos, cifras, etc., que justifican las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que han motivado el despido, en aplicación de las reglas generales de carga de la prueba (49). Por lo que se refiere al segundo requisito, como ya se ha adelantado, la reforma de 2010 eliminó la exigencia de que existiese una necesidad objetivamente acreditada de amortizar el puesto de trabajo, aunque dicha exigencia ya venía siendo relativizada por la doctrina jurisprudencial.»

    El despido objetivo tras la reforma laboral de 2012 · MANUEL BELLIDO ASPAS · Cuadernos Digitales de Formación · 2013 · PDF

18. Prueba documental · pág. 40 · con fórmula de valoración

    «En definitiva, la validez del pagaré en blanco mayoritariamente se supedita a la protección de los derechos del deudor cambiario en la determinación de la cuantía que ha de abonar, que ha de resultar de una operación aritmética simple, y no como vía de eludir una liquidación compleja, además de al respeto de la normativa protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, posibilitando la controversia acerca de si el complemento del pagaré se produjo o no de conformidad con lo pactado, con atribución al acreedor de la carga de la prueba de acreditar el importe exacto reclamado como hecho constitutivo de su pretensión.»

    Especialidades en materia de cheque y pagaré · MARIA DEL PILAR ALONSO SAURA · Cuadernos Digitales de Formación · 2010 · PDF

19. Prueba documental · pág. 28 · con fórmula de valoración

    «Al incardinar este tipo de acciones dentro del marco de la LEC, debe tenerse en cuenta el mandato general del art. 219 LEC, que impide que en el proceso declarativo se haga una reserva de la liquidación de daños y perjuicios para la ejecución de la sentencia. También deben tenerse en cuenta las reglas sobre carga probatoria del art. 217 LEC. Suelen detectarse algunas imprecisiones en materia de determinación de las cuantías de este tipo de procedimiento, sobre todo cuando se acumulan distintas acciones en una misma demanda, y habitualmente tanto la acción de cesación como la indemnizatoria vienen acompañadas de solicitudes de medidas cautelares (arts. 721 y ss. LEC), de peticiones de diligencias preliminares, anticipación o aseguramiento de la prueba. (3) La acción de retractación»

    El control de las condiciones generales de la contratación: regulación legal · JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

20. Prueba documental · con fórmula de valoración

    «LÓPEZ JIMÉNEZ considera que ésta es la única oportunidad que tiene el Magistrado-presidente para "controlar" al Jurado, y que la razón de introducir este trámite trae su origen en la necesidad de dibujar el objeto sobre el que los jurados han de pronunciarse (56). El contenido de tales instrucciones, como señala la autora, ha de ceñirse a ofrecer información referente a la no atendibilidad de las actividades probatorias excluidas, a la función atribuida a los miembros del jurado, a las reglas que rigen el proceso de deliberación y votación, a la forma de redactar el veredicto, a la naturaleza de los hechos y a las reglas de valoración de la prueba (57).»

    Instrumentos para reducir el error en la identificación · HELENA SOLETO MUÑOZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2009 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.