Los 8.590 documentos, buscables

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1. Prueba documental · pág. 22 · sin fórmula

   «trabajadores (art. 14.1 ET). El Real Decreto Ley 32/2021 no modificó la regulación del período de prueba, lo que puede dar lugar a este fraude. En tal caso, la situación del trabajador sería peor que la de un trabajador con contrato de duración determinada porque un trabajador temporal cuyo contrato ha finalizado puede volver a ser contratado por la misma empresa. Por el contrario, si el trabajador cuyo contrato se extingue durante el período de prueba es contratado nuevamente por la misma empresa, no puede pactarse un segundo período de prueba y, si se acuerda, será nulo (art. 14.1, párrafo cuarto, ET), por lo que la rotación de los trabajadores sería mayor. Si las extinciones contractuales durante el período de prueba revelan un fraude, la ITSS impondrá la correspondiente sanción administrativa.»

   La contratación laboral en la reforma de 2021 · JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

2. Prueba documental · pág. 19 · sin fórmula

   «en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas. Así en la petición de extensión de efectos no podrá pretenderse hacer uso de prueba que exija su valoración para determinar que existe identidad de situación jurídica, en consonancia con el párrafo tercero del art. 110 LJCA. Lo que lo reduce prácticamente para acciones declarativas de nulidad que exijan un control conforme a criterios objetivos, como decíamos (principalmente gastos, vencimiento y mora, para contratos anteriores a la LCCI). De otra parte, si se reclamasen cantidades cuando la acción llevase acumulada acción restitutoria, exigirá incidente particular de ejecución que habría de tramitarse por los arts. 712 y ss. LEC, lo que obliga al trámite verbal, trasladando el conflicto de la fase declarativa a la ejecución. Ello cuestiona»

   La litigiosidad en masa. Medidas de agilización procesal en los procedimientos civiles y, especialmente, en los de acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación en préstamos hipotecarios · MARIA DE LOS REYES VILA PARIENTE · Cuadernos Digitales de Formación · 2020 · PDF

3. Prueba documental · pág. 20 · sin fórmula

   «Establece la ley 549 FN ("Gastos") que el depositario tendrá acción para reclamar del depositante la indemnización correspondiente por los gastos y perjuicios que le haya ocasionado el depósito. A diferencia del 1779 CC, la ley 549 FN considera como indemnización tanto el reembolso de los gastos de conservación ( v. gr., alimento de animal) o de evitación de la pérdida o sustracción de la cosa ( v. gr., alquiler de caja de seguridad) como el pago de los perjuicios ocasionados por causa del depósito, pagos que no son en ningún caso contraprestación y que serán debidos en tanto correspondan de acuerdo con lo pactado, con la naturaleza de la cosa, por imperativo legal o normativo (normativa de seguridad de joyerías, establecimientos hoteleros, etc.) o por otras circunstancias. La indemnización por daños y perjuicios seguidos del depósito exige que no haya habido negligencia del depositario »

   Tema 13. Préstamo y contratos de custodia en el derecho civil de Navarra · RAQUEL LUQUIN BERGARECHE · Formación a Distancia · 2020 · PDF

4. Prueba documental · sin fórmula

   «Novedad del contrato, que ya ha sido objeto de crítica, e incluso de la imposición de un seguimiento por la Comisión Europea (48), es la intervención del notario en la fase contractual, al que se le impone, so pena de incurrir en responsabilidad (49), la obligación de "verificar" la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de información precontractual, levantando acta, que deberá realizarse como muy tarde el día anterior al de la autorización, en la que ha de constar: el cumplimiento de los plazos de puesta a disposición de los referidos documentos, las cuestiones que le hubiese planteado el prestatario y las pruebas realizadas de distintos escenarios de coyuntura económica, la información individualizada otorgada por el notario de las cláusulas específicas recogidas en la FiAE (ficha de advertencias estandarizadas) y la FEIN y la manifestación manuscrita y firmada »

   El crédito inmobiliario y control judicial · MARIA JOSE RIVAS VELASCO · Cuadernos Digitales de Formación · 2018 · PDF

5. Prueba documental · pág. 30 · sin fórmula

   «En efecto, tal y como venía dispuesto en el art. 132 de la LH, el ejecutado sólo podría oponer la cancelación de la hipoteca, que requiere otorgamiento de escritura pública o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción, es decir el acreedor (art. 82 de la LH) (66), pero no la extinción de la obligación principal, pese al carácter accesorio de la hipoteca, incluso cuando obrara en poder del ejecutado la carta de pago de la deuda garantizada, emitida por la entidad acreedora, ya lo fuera en documento público o privado, con lo que, de esta forma, la fase de cognición del procedimiento hipotecario se encontraba extraordinariamente limitada, configurándolo claramente como juicio sumario: limitación de los motivos de oposición de las partes, de las pruebas susceptibles de ser practicadas en su seno, del co»

   Crisis económica, ejecución hipotecaria y derecho de los consumidores · JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG · Cuadernos Digitales de Formación · 2017 · PDF

6. Prueba documental · sin fórmula

   «A las parejas matrimoniales no se les pide que convivan cinco años o que entre la fecha de celebración del matrimonio y el 12 Esta exigencia tiene refrendo en la jurisprudencia de esta Sala, la cual ha declarado que, obtenida una separación y reanu-dada la convivencia de facto, esta no vincula a la Seguridad Social que es un tercero Para que quedase vinculada sería preciso que la reanudación de la convivencia se pusiese en conocimiento del ór-gano judicial tal y como exige el art 84 del CC -STS de 15 de diciem-bre de 2004 (Rec 359/2004); 2 de febrero de 2005 (Rec 761/2004); 23 de febrero de 2005 (Rec 6068/2003); 28 de febrero de 2006 (Rec 5276/2004); 26 de octubre de 2006 (Rec 3163/2005) y 29 de mayo de 2008 (Rec 1279/2007), entre otras- nacimiento del derecho a la prestación medien dos años de convivencia Y, a la inversa, si se prueba que se ha convivido como pareja durante cinco años d»

   Parejas de hecho y prestación de viudedad. STS de 3 de mayo de 2011, recurso 2170/2010 (Comentarios jurisprudenciales de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo) · MANUEL FERNANDEZ-LOMANA GARCIA · Revista del Poder Judicial · 2011 · PDF

7. Prueba documental · pág. 15 · sin fórmula

   «A destacar, como han hecho las STSJ de Navarra de 30 de octubre de 1999, (RJ 1999\974), o la STS de 29 de diciembre de 2005, (RJ 2006\178), que la exclusividad en ningún caso se presume. Debe constar de manera expresa, delimitando el ámbito espacial, temporal y objetivo a que se refiera. Cuestión distinta es que pueda pactarse verbalmente, dificultando sobremanera la prueba sobre tan esencial nota de esta clase de contratos. La única ley que regula en el ámbito de la Unión Europea el contrato de concesión es la belga de 27 de julio de 1961, cuyo art. 1 dice " el concesionario de venta exclusiva es el comerciante que ostenta el derecho a revender a título exclusivo los artículos o productos de un fabricante concedente, en su propio nombre y por su propia cuenta ".»

   Aspectos generales del contrato de distribución y de distribución en exclusiva · EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI · Cuadernos de Derecho Judicial · 2006 · PDF

8. Prueba documental · pág. 18 · sin fórmula

   «"Pues bien, este Tribunal de Primera Instancia observa que existen dos categorías de excepciones al principio general de acceso de los ciudadanos a los documentos de la Comisión, que figuran en el código de conducta y que, por otra parte, corresponden a las disposiciones del artículo 4 de la Decisión 93/731. El tenor de la primera categoría, redactado en términos imperativos, dispone que "las Instituciones denegarán el acceso a todo documento cuya divulgación pueda suponer un perjuicio para [...] [en particular] la protección del interés público (seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos judiciales, actividades de inspección e investigación)" (véase el apartado 9 supra). De esto se deduce que la Comisión está obligada a denegar el acceso a los documentos que correspondan a una de las excepciones que figuran en esta primera categoría, cuando se a»

   El derecho de información del ciudadano, la protección de datos personales y la transparencia de la administración · DAVID ORDOÑEZ SOLIS · Revista del Poder Judicial · 2004 · PDF

9. Prueba documental · pág. 8 · sin fórmula

   «De hecho, si se alega el pago de partidas no recogidas, la prueba no resulta difícil; pero si alega que no se ha obligado (por no haber dispuesto de la cantidad puesta a su disposición, o en cuantía distinta a la que afirmaba el Banco, o que el documento supuestamente negociado por éste era inexistente), tiene la carga de probar la inexistencia de la obligación para poder oponerse a la ejecución despachada, lo que se convierte en un supuesto de " probatio diabólica" .b) De forma imperativa exige la ley que si nos hallamos ante una cantidad procedente de un préstamo o crédito en el que se hubiera pactado un interés variable o en el que sea preciso ajustar las paridades de distintas monedas y sus respectivos tipos de interés, se exprese en la misma demanda ejecutiva, las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución -art. »

   La liquidez de la deuda como requisito del título ejecutivo extrajudicial · RAQUEL CASTILLEJO MANZANARES · Estudios de Derecho Judicial · 2004 · PDF

10. Prueba documental · sin fórmula

    «Art. 881: Podrán anularse a instancia de los acreedores, mediante la prueba de haber el quebrado procedido con ánimo de defraudarlos en sus derechos: 1.°) Las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces, hechas en el mes precedente a la declaración de la quiebra. 2.°) Las constituciones dotales, hechas en igual tiempo, de bienes de la sociedad conyugal en favor de las hijas o cualquiera otra transmisión de los mismos bienes a título gratuito. 3.°) Las constituciones dotales o reconocimiento de capitales, hechos por un cónyuge comerciante a favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes a la quiebra, siempre que no sean bienes inmuebles del abolengo de éste, o adquiridos o poseídos de antemano por el cónyuge en cuyo favor se hubiere hecho el reconocimiento de dote o capital. 4.°) Toda confesión de recibo de dinero o de efectos a título de préstamo que, hecha seis meses antes de »

    La masa activa: determinación y acciones de reintegración · PEDRO LUIS VIGUER SOLER · Cuadernos de Derecho Judicial · 2003 · PDF

11. Prueba documental · pág. 32 · sin fórmula

    «Caso de no haber acuerdo, entonces seguirá siendo posible un mero auto autorizante. - Existe un trámite procesal para el caso de que "no hubiera sido alcanzado un acuerdo", previsto en el art. 182 TRLC, que consiste en la convocatoria de quienes hubieran intervenido en el período de consultas a una comparecencia para que formulen alegaciones y aporten prueba documental, aunque también se añade que "el juez podrá sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días". - La fecha de efectos de la medida colectiva en el caso de suspensión o extinción colectiva es, conforme al art. 183 TRLC, la del propio auto, "salvo que en él se disponga otra fecha posterior". - Reconoce expresamente la legitimación del concursado y del Fogasa, que, como sabemos, es parte del expediente para recurrir en suplicación el auto del juez mercantil. - Se establece en el art. 541 TRLC el»

    El despido en caso de fenómenos empresariales complejos. Supuestos concursales · ISABEL OLMOS PARES · Cuadernos Digitales de Formación · 2024 · PDF

12. Prueba documental · pág. 2 · sin fórmula

    «Como quiera que la finalidad de la suspensión por drogadicción es propiciar que quienes han cometido un delito por motivo de su adicción a las drogas reciban un tratamiento que les permita emanciparse de dicha adicción con carácter preferente a un ingreso en prisión que, lejos de favorecer su rehabilitación, pudiera resultar contraproducente para ella, según establece con claridad la STC 110/2003, de 16 de junio, FJ 4, y teniendo en cuenta que el beneficio de la suspensión en la modalidad del artículo 80.5 del Código Penal es impedir que un reo que se hubiera deshabituado o estuviera en tratamiento para ello viera truncada su recuperación por un ingreso en prisión que interrumpiera su tratamiento o afectara negativamente a su reciente rehabilitación, sería conveniente que el tribunal, antes de decir sobre tal suspensión, convoque una vista, de oficio o a instancia de parte, para que form»

    Suspensión de la pena ex artículo 80.5 del Código Penal · JOSE ANTONIO PATROCINIO POLO · Cuadernos Digitales de Formación · 2024 · PDF

13. Prueba documental · pág. 15 · sin fórmula

    «"Se alega en segundo término, en cuanto a la responsabilidad civil, que la sentencia no debiera haber condenado a restituir 1'2343 bitcoins, y caso de no hacerlo, a que indemnice al perjudicado en el valor de esos bitcoins a fecha del plenario, sino, simplemente, al pago de 250 euros, que era el precio pactado por las partes por la compraventa (que no se consumó), si bien, tal precio fue sustituido por su equivalente en bitcoins. Tampoco puede estimarse el recurso en este punto. En primer lugar, porque la Sentencia da por probado que el pago se hizo en bitcoins, sin que el recurso aluda a la prueba en base a la cual habría de entenderse otra cosa (que fue en euros); y en segundo término, el art. 111 del Código Penal señala que "Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos Zaragoza Tejada, Javier Ignacio Ficha 12. Criptoactivos y cri»

    Ficha 12. Criptoactivos y criptomonedas. Regulación legal e incidencia en el ámbito penal · JAVIER IGNACIO ZARAGOZA TEJADA · Formación a Distancia · 2022 · PDF

14. Prueba documental · pág. 1 · sin fórmula

    «ex art. 73.4o CC". En cambio, García (2021: 92), no cree "que el ocultamiento de la identidad de género a la persona con la que se contrae matrimonio afecte a la esencia de los deberes matrimoniales de naturaleza personal y, por ello, no debería ser causa de anulación del matrimonio". Por su parte, Rams (2008: 549-550) recuerda que la "publicidad del Registro civil, al no estar ligada al tráfico, puede revestir caracteres bastante discretos y limitar su acceso a quienes tengan un interés personal y directo en su conocimiento fehaciente (por supuesto queda abierto el acceso a quienes ostenten un derecho subjetivo que para hacerlo valer requiere de este conocimiento o de la prueba documental de hecho y de su constancia registral)". (18) El artículo 11, titulado "Acciones positivas", establece lo siguiente: Vela Sánchez, Antonio José El cambio de nombre y sexo en el ...»

    El cambio de nombre y sexo en el anteproyecto de la ley trans. Sistematización y comentario · ANTONIO JOSE VELA SANCHEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

15. Prueba documental · pág. 22 · sin fórmula

    «"El pasaporte español es un documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes".»

    El ingreso mínimo vital como renta mínima dentro del sistema institucional de la Seguridad Social no contributiva · GUILLERMO RODRIGUEZ INIESTA · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

16. Prueba documental · pág. 55 · sin fórmula

    «Tampoco se motivan las razones por las que se circunscribe la exigencia documental o a través de pruebas exclusivamente a los locales de ocio con música, y no a otros Giserman Liponetsky, Lucas Osvaldo La autorización o ratificación judicial de ...»

    La autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pública que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental · LUCAS OSVALDO GISERMAN LIPONETSKY · Cuadernos Digitales de Formación · 2021 · PDF

17. Prueba documental · sin fórmula

    «Sin embargo, la complicada línea entre la simulación absoluta o la relativa, unida a determinados comportamientos y prácticas que de manera directa o indirecta pretenden únicamente la elusión o minoración de la carga fiscal del sujeto pasivo, creando para ello artificiosas estructuras que cuya razón o sentido no se explicarían sino fuera desde la búsqueda del mero ahorro fiscal, han extremado, hasta límites más allá de lo razonable, la discusión. La distinción teórica dista mucho de responder a la realidad práctica, y buena prueba de ello es la compleja y aparentemente oscilante jurisprudencia. Estando así las cosas, el Tribunal Supremo y a pesar de que el pronunciamiento se refiera al régimen de fusiones, ha ido forjando una idea en torno a un concepto de fraude que no coincide exactamente con el marco del artículo 13 de la Ley 58/2003, corrigiendo aquellas actuaciones realizadas con ab»

    La interpretación de los convenios de doble imposición: cláusulas antielusorias generales o internas · MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

18. Prueba documental · pág. 26 · sin fórmula

    «Sin perjuicio de que el voto mayoritario considere que no se ha consagrado legalmente un despido colectivo no causal, afirma que, al prescindir de las referencias a la prueba de la concurrencia de la causa de despido y a la acreditación de la razonabilidad de la decisión extintiva -véase que lo considera como supresión de la referencia legal-"suprime espacios de incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma generados por unas previsiones legales, tan abiertas en su contenido como abstractas en sus objetivos, que en ocasiones podían llegar a constituir la exigencia de una prueba diabólica" a los empresarios; "dotando a la definición de las causas extintivas de una mayor objetividad y certidumbre", lo que anuda a la documentación a entregar durante el período de consultas que se le impone. (Resulta cuestionable, a mi juicio, la posible confusión entre el derecho de defensa de»

    Últimas novedades legislativas y jurisprudenciales · MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA · Cuadernos Digitales de Formación · 2015 · PDF

19. Prueba documental · pág. 39 · sin fórmula

    «Posteriormente vendría una serie de Decisiones Marco como son las 2005/667, 2005/222, 2004/757, 2004/68. (31) De ello trato en "La asistencia judicial en materia penal y el secreto bancario", en La Prueba en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, Seminario AGIS, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, Thomson-Aranzadi, págs. 271 y ss., 2006. (32) Recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa, en el ámbito de Organización de las Naciones Unidas (ONU) que puede suponer un vuelco histórico: se quiere crear un tribunal internacional que juzgue a las multinacionales que vulneran los derechos colectivos y no asuman su responsabilidad sobre el impacto ambiental y social causado por sus actividades; a su vez dos relatores de la ONU el finlandés Martin Scheinin, para derechos humanos, y el austriaco Manfred Nowak, para la tortura, han redactado ya propuestas art»

    Derecho penal y Unión Europea: territorio y competencia. El espacio judicial europeo · GONZALO QUINTERO OLIVARES · Estudios de Derecho Judicial · 2009 · PDF

20. Prueba documental · pág. 5 · sin fórmula

    «Con la nueva redacción de este supuesto de responsabilidad solidaria (art. 42.1.a) de la LGT), va a continuar existiendo la dificultad de probar la participación del sujeto responsable en la comisión de la infracción, más aún al exigirse la prueba de una participación "activa". La excepción a lo anterior viene constituida por aquellos supuestos donde los administradores de derecho de las personas jurídicas participan o colaboran "activamente" en la comisión de la infracción por parte de la entidad a la que administran y representan. La redacción introducida en el art. 43.1 a) de la LGT (2003) admite que éstos sean considerados responsables solidarios en el pago de las sanciones tributarias cuando adopten acuerdos que posibilitan tales infracciones. La posible constancia documental de estas decisiones viene a facilitar la actividad probatoria de la Administración.»

    La responsabilidad en las sanciones tributarias · JOSE FRANCISCO ALFONSO PALOP · Estudios de Derecho Judicial · 2009 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.